El Estado argentino finalmente compensará a REPSOL por la estatización de YPF. Aunque se difundió
como costo de la indemnización unos U$S 5 mil millones pagaderos en bonos, computando los altísimos
intereses implícitos en esos títulos el costo superará
los U$S 10 mil millones. Además de lo elevado del monto, el grueso de los pagos serán afrontados por los futuros
gobiernos. Se trata de otro testimonio de decisiones tomadas
con criterios oportunistas y poco profesionales que hipotecan el bienestar de las futuras
generaciones.
El gobierno celebró un acuerdo con la empresa española
REPSOL para pagar las acciones de YPF intempestivamente estatizadas en abril del 2012. Forzado por el aislamiento internacional y la profundización de la crisis energética, con este acuerdo se trata de remendar
la desprolijidad técnica y legal que
caracterizó al proceso
de estatización. En poco tiempo
se paso del triunfalismo expresado en discursos
teñidos con provocaciones desafiantes y nacionalismo mal
entendido a aceptar
pasivamente las consecuencias de decisiones tomadas con falta de
responsabilidad y muy poca profesionalidad.
La
Argentina se compromete a entregar a REPSOL títulos públicos
por U$S 5.000 millones.
Sin embargo, también
se compromete a entregar
bonos adicionales para garantizar que el valor de mercado
de todos los bonos argentinos entregados a Repsol ascienda, al menos, a U$S 4.670 millones, con un máximo de U$S 6.000 millones a valor nominal. En términos simplificados, la
Argentina terminará pagando
entre U$S 5.000 y U$S 6.000 millones.
A
estos montos hay que agregarle
los intereses. Como la Argentina tiene calificaciones de riesgos muy adversas,
considerando las tasas de interés que oscilan entre 7% y 8,75% anual, la suma total que el Estado argentino se compromete
a pagar superará
los U$S 10.1 millones. Un rasgo particularmente importante del acuerdo es que estos pagos se distribuirán en el tiempo de manera peculiar. Según documentos emitidos
por la empresa
REPSOL se puede calcular que:
* Entre
los años 2014 y 2015 se
pagará aproximadamente el 10% de esos
bonos.
* Entre los
años 2016 y 2019 se pagará el 32% y entre los años 2020
y 2023 otro 34%.
* Entre los años 2024 y 2033 se
pagará el restante 24% del valor final.
Estos datos muestran
que la actual gestión de gobierno sellará el acuerdo y determinará los futuros
pagos, pero efectivizará apenas una porción menor de los compromisos que el país contrae. Las dos próximas gestiones de gobierno (es decir,
los presidentes que gobiernen
entre los años 2016 y 2023) serán las que deberán hacerse cargo de dos tercio del total de los costos que implican la estatización de YPF. Para los gobiernos
subsiguientes quedará afrontar el cuarto restante del costo total. Este cronograma y las
magnitudes involucradas dejan en claro que la estatización de YPF condiciona el futuro bienestar
de los ciudadanos muchos de los cuales pertenecen a las generaciones
por
venir.
Las consecuencias económicas de la estatización se pueden evitar si YPF genera y distribuye dividendos que al menos equivalgan al flujo de pagos comprometidos para los próximos
20 años. Tratándose de una empresa petrolera,
esto es factible, si en la administración se imponen criterios técnicos alejados de las apetencias políticas. En la región hay buenos ejemplos
de empresas públicas
manejadas profesionalmente como es el caso de Codelco en
Chile o Petrobras en
Brasil. Pero en Argentina
prevalecen la improvisación y la falta de
profesionalismo. El caso paradigmático
es Aerolíneas Argentinas.
Ante los hechos consumados, el Congreso Nacional
tiene la posibilidad de evitar otra hipoteca
para el futuro del país. En lugar de
sumarse al triunfalismo, actitud
que prevaleció en la instancia de aprobar la estatización, debería trabajar en generar reglas que “blinden”
la gestión de YPF –y del resto de las empresas
públicas– de las presiones
originadas por el amiguismo, la militancia, el oportunismo electoral y la corrupción. A la luz de los antecedentes que prevalecen en la gestión
del sector público
argentino, no se trata de un desafío menor. Pero sólo
con transparencia y buena gestión se podrá evitar que, además de pagar los bonos de la estatización, la sociedad
tenga que afrontar los costos de
la mala administración, como ocurre con las otras empresas públicas.
YPF no es el primer caso donde el oportunismo y la falta de profesionalismo generan enormes costos sociales que se difieren para el futuro.
Otras estatizaciones y reformas
– como la aplicada sobre el sistema previsional– operan bajo la misma lógica. La diferencia en esta ocasión
es que, frente a la proximidad del cambio de gobierno,
es más visible el traspaso de las consecuencias a las próximas gestiones. Queda por ver si esto estimula al Congreso a asumir una actitud más responsable y profesional.
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