Gendarmería: su presencia pone en evidencia el fracaso en materia de seguridad del gobierno

El que la Gendarmería Nacional colabore en temas de seguridad interior y la lucha al flagelo de la droga, son actividades que las vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Que se aumente la presencia de sus efectivos en el norte y particularmente en Tucumán es importante.

Ahora bien; que el Gobernador Alperovich lo presente como un éxito de gestión ya es un desatino al ser este aumento de la presencia y trabajo de la Gendarmería en Tucumán, una muestra cabal del fracaso de este gobierno en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, pone de evidencia que se carece de políticas de estado en esta materia y de las personas idóneas para este cometido.

Las diferentes manifestaciones organizadas por distintos sectores sociales o grupos de familiares y/o víctimas de la inseguridad y del veneno de la droga, donde se exigen políticas claras y eficientes, que hasta denunciaron a cuadros policiales como cómplices o participes en delitos; jamás fueron escuchados sus reclamos por las autoridades ya que niegan una realidad que todos sabemos; la inseguridad y la droga se adueñaron de Tucumán.

La gendarmería aumentará su presencia en la provincia, bienvenida sea. Aun esperamos que el Estado provincial haga algo al efecto, Alperovich y su gobierno tienen una responsabilidad indelegable en materia de seguridad pública, basta de retórica inconducente y es hora que genere acciones concretas en este tema.

San Miguel de Tucumán, 26 de Enero de 2011

Analisis: 10 motivos para no bajar la edad de punibilidad a los 14 años

Quiero volcar este análisis, que comparto plenamente. Podría sumarme a todos aquellos que opinan distinto para congraciarme con quienes el dolor, la impotencia y la ofuscación les hace pensar como que esto será la medida acertada para aminorar la delincuencia que nos asola a todos.

Tampoco seré parte de aquellos dirigentes que tan solo por una cuestión de conveniencia política o electoral, dicen algo para quedar bien.

Actué siempre con honestidad intelectual y el ser consecuente en la práctica y conducta a seguir.

El análisis del CEPOC es el siguiente:

Quienes insisten con bajar la edad de punibilidad —es decir, la edad a partir de la cual se introduce en un sistema penal a un adolescente— ponen los 14 años como edad mínima.

No explican por qué eligen esa edad, responden a una sencilla pregunta: si mañana mismo se bajara la edad de punibilidad a los 14, y pasado mañana un niño de 13 cometiera un delito gravísimo... ¿Propondrían bajar la edad de nuevo, esta vez a los 12?

Nosotros, los que queremos dejar la edad mínima de punibilidad en los 16 años, podemos explicar por qué no queremos la baja a los 14. Tenemos, al menos, diez motivos para no bajar la edad de punibilidad a los 14 años en la Argentina.

Porque sería regresivo

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.

Porque el único objetivo es el castigo

El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, luego de un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese joven, lo que es falso.

Porque no es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años

Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.

Porque no se trata de sancionar más leyes, sino de cumplir las que ya existen

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.

Porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima

Diputados y diputadas, senadores y senadoras deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: 300 adolescentes. Ahora bien, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15 % está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años.

Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos doscientos, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en solo 15 casos participan menores de 16 años.

Este análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero entendemos que una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.

Porque si el estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro que hoy tiene, mucho menos podrá controlar las que piensa crear

Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) El viernes 24 de abril, la justicia ordenó cerrar un hogar de niños, niñas y adolescentes regenteado por la Fundación de Julio Grassi, luego de que un niño de ocho años intentara ahorcarse, hastiado de los abusos cometidos contra su persona, y de que se recopilaran otras tantas denuncias. La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, pero no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura. Esa es otra norma vigente que no se cumple, casi cinco años después de ser sancionada.

Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo, estigmatizante

Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.

Porque los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales

Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los repuestos para sus autos.

Porque las penas previstas no son intocables

Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas (lo que no es cierto, al menos en el proyecto presentado por el Dr. Raúl Zaffaroni y la Dra. Lucila Larrandart, en el que se permiten penas de hasta siete años para la franja de 14 y 15 años, y de quince años para la franja de 16 y 17, lo que transformaría al régimen argentino en el más gravoso y represivo de Latinoamérica) . Pero hasta estas penas draconianas pueden elevarse: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.

Porque van a meter presos a las principales víctimas del neoliberalismo que esta sociedad votó y aceptó durante una década

Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, cuando millones de votantes reeligieron a Menem, y sus políticas, con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes.

Fuente: Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)

Entrevista a Ludolfo Paramio (realizad y publicada por Escenarios Alternativos -26/Octubre/2010)

En conversaciones entre Buenos Aires y Madrid con este físico dedicado desde hace años al análisis político, se abordó el comportamiento de la clase media afectada por la crisis económica y la persistente falta de representación política. Apatía, falta de identificaciones partidarias y la desestructuración de la sociedad industrial en Latinoamérica, bajo un enfoque novedoso.

EA: Latinoamérica ofrece un panorama según el cual pareciera que la crisis del 2009 no la ha afectado de la misma forma que en la década del ’80, o durante las reformas del ’90. ¿Qué papel juegan los procesos de modernización?
LP: Se ha hecho un lugar común subrayar la herencia positiva de las reformas económicas, sobre todo evidenciadas en las fortalezas desarrolladas durante la última crisis global, demostrando gran capacidad para sostener la creciente demanda de productos primarios en un contexto de equilibrio fiscal. Si bien esto es cierto, en tanto herencia de las reformas económicas, a menudo se soslaya que no es menos importante la situación política por la que ha atravesado la región en estos años, es decir, el sostenimiento y reconocimiento de la democracia como un valor sostenido por todos los países, en un proceso que no sólo no ha retrocedido desde la década de los ’80, sino que se ha consolidado. A pesar de los sobresaltos y de algunas anomalías constitucionales, las sociedades latinoamericanas han elegido las reglas de la democracia para dirimir los conflictos y posibilitar sortear la crisis con razonable éxito y enfrentar los desafíos de la comunidad global.

EA: Sin embargo, esa herencia democrática, a consecuencia de los cambios económicos de los ’80 y ‘90 ha registrado un distanciamiento de los ciudadanos hacia la política y la falta de sensibilidad hacia el debate público.
LP: Como sabemos, la década del ’80, llamada “la década perdida”, lo fue para la economía pero no para la política. Fue la década de la transición a la democracia en la región que cambió sustancialmente la realidad vigente hasta entonces.

El punto de partida de esta situación se ubica en los años ’70 momento en que las economías latinoamericanas se endeudaron fuertemente en un contexto de gran disponibilidad de crédito barato, a consecuencia de la circulación de los “petrodólares”, en los que endeudarse parecía razonable. Debería haber sido una señal de alarma para los gobiernos de entonces el hecho de que el FMI pregonara que esto era correcto, señalando que si había problemas de caja, era lógico acudir al crédito internacional.

A comienzos de lo ’80 el presidente norteamericano Ronald Reagan emprendió una política restrictiva para controlar la inflación en su país, elevando la tasa de interés, multiplicando la deuda de los países de la región y dificultando el acceso a ese crédito barato. Ante esto se ensayaron recetas heterodoxas, aunque el denominador común fue que esas deudas se tornaron impagables. Sólo Brasil pudo honrar sus compromisos a fuerza de exportaciones y de restringir el mercado interno. A fines de los ’80, los economistas y funcionarios consideraban que para solucionar este problema había que aplicar una serie de reformas que apuntalaran la situación fiscal, cuyo desequilibrio era causante de la necesidad de crédito por parte de los Estados.

EA: Las soluciones políticas de la joven democracia de la región no tuvieron peso, tal como el Consenso de Cartagena.
LP: Así es. Prevaleció el Consenso de Washington con sus medidas de reducción del peso del sector público, sindicado como origen del déficit, privatización de los servicios públicos, liberalización del comercio y de la balanza de capitales. Había también recomendaciones de reforma fiscal que tuvieron suerte dispar. Para las primeras medidas, sostiene el economista Dany Rodrick, hubo - por inmediatez e impulso ideológico- mayor aceptación que para las segundas, además de obedecer al interés de los bancos acreedores que estaban por entonces muy expuestos. Como estas medidas se aplicaron en el contexto de una renegociación de la deuda de los países de la región con el mercado global, los bancos acreedores estuvieron en condiciones de imponer condiciones que favorecían a sus clientes, antes que a las economías nacionales, supuestas beneficiarias de las medidas del decálogo de Washington.

Independientemente de los motivos de mayor o menor racionalidad de las medidas, las mismas tuvieron sus efectos en la región. Algunos países incluso las introdujeron como señales de modernidad y de atracción para los inversores. El mejor ejemplo de esto fueron las reformas en Colombia que formaron parte de un paquete de modernización política del país en las que las medidas económicas eran prescindibles, pero que completaban la idea de una nueva etapa. En todos los casos el clima de reformas se convirtió en una norma a mediados de los años ’90.

EA: Los índices de pobreza y la desarticulación del mercado formal de trabajo marcan costos sociales y políticos muy elevados para nuestras sociedades.
LP: Si bien tuvo costos importantes, en líneas generales no tuvo muy malas consecuencias en términos políticos o de opinión pública. Baste recordar que hasta 1998 las primeras encuestas de Latinobarómetro mostraban cierta euforia de los ciudadanos latinoamericanos por las reformas económicas, las privatizaciones, el mercado y la maximización de utilidades. Esa tendencia se quebró a partir de 1999 como consecuencia de la crisis asiática. A fines de esa década comenzaron a manifestarse ciertas promesas incumplidas de las reformas económicas, sobre todo la promesa de salir del círculo de crecimiento y crisis que hasta ese momento había marcado la historia de la región, dando paso a una senda de crecimiento sostenido a partir de solucionar los problemas internos asociados al desequilibrio fiscal. El choque originado por efecto de la crisis externa tiró por la borda este supuesto y mostró la vulnerabilidad en la que habían quedado expuestas las economías en las que se había aplicado el recetario del Consenso. Especialmente fuerte fue el choque externo en México en 1994 y en la Argentina con una caída del empleo que prefiguró los problemas que vendrían, con su repercusión en el sistema político.

Lo que ha sobrevivido en forma admirable es el apoyo a la democracia pese a la ola de escepticismo respecto de las promesas incumplidas de las reformas de mercado, con ciertas limitaciones en algunas tradiciones nacionales.

EA: ¿Cuáles fueron los efectos de las reformas y sus promesas incumplidas sobre la política?
LP: Tanto la crisis de los ’80 como las reformas económicas de los ’90 supusieron una alteración sustancial del tejido productivo, cuyo indicador más llamativo es el paso del 9% de la PEA de la región a la informalidad laboral. Lo primero que surge es que esa porción de la población, a pesar de que pueda mantener un nivel de ingreso y del mantenimiento de sus capacidades, tiene en riesgo sus derechos de ciudadanía. Del mismo modo que Cuba acaba de anunciar el despido de una importante cantidad de empleados públicos, suponiendo que la actividad privada compensará los puestos de trabajo eliminados en el Estado, los “destrozos” de las reformas en términos de empleo serían compensados por el dinamismo del mercado.

Sin embargo, el problema no es sólo el causado por la desarticulación de la seguridad social sino la destrucción del tejido social urdido al calor del trabajo formal. De este modo la identidad social e inserción en la vida pública depende del entorno social y una persona que pierde el contexto de amigos y compañeros de trabajo se encuentra desubicado en el conjunto social. Puede encontrar, incluso, un nicho de trabajo que le permita mantener un ingreso, pero pierde todo el contexto anterior, adquiriendo una identidad social más lábil, volátil y menos marcada por el colectivo del que procedía, incluyendo la familia y el entorno laboral.

Con la destrucción de amplios sectores del trabajo asalariado se verifica una polarización de las clases medias, más visible en aquellos países de clases medias numerosas. Parte de ella sufrió la reducción del sector público, o de los salarios del mismo y otra logró una mayor o menor vinculación dentro de la nueva economía globalizada o con los sectores más competitivos de las economías nacionales, mejor insertos en la economía global.

Estas clases medias se pueden dividir en “ganadores” y “perdedores”, con un gran número de perdedores que no pueden mantener el poder adquisitivo anterior, o si lo mantienen, pierden la expectativa de transmitir a sus hijos esa pertenencia a la clase media.

EA: ¿Qué repercusión tiene esta caracterización de la clase media sobre el sistema político?
LP: Se verifican dos fenómenos asociados a esta división y su relación con la erosión y devaluación de la calidad de la democracia. El primero es que los partidos tradicionales - los anteriores a la crisis y a la reforma- debieron desplegar estrategias nuevas, a riesgo de convertirse perdedores si se sumaban a las estrategias propias del modo de producción anterior. Los países que no se adaptaron al nuevo clima de economías competitivas, abiertas y de inserción en el mercado global, los partidos que se limitaron a la resistencia y al proteccionismo como motor del crecimiento, tendieron a perder o a dejar de ser opciones mayoritarias. En cambio, los partidos que sí cambiaron de estrategia política y sus planteos de gobierno para adaptarse a esa nueva situación, desorientaron a sus seguidores, en la medida de que estos dejaron de poder prever la acción de gobierno de esos partidos, al menos, a la luz de sus acciones históricas o anteriores.

Por ejemplo, el caso de Carlos Andrés Pérez, que en un primer gobierno engrosó el gasto para fomentar el consumo interno y en el segundo aplicó un severo plan de ajuste, culminó con una crisis de magnitud como lo fue el “caracazo”. Ese comportamiento descolocó y afectó la percepción de los electores acerca de cuál sería la conducta esperable por parte del partido de Acción Democrática o del propio Pérez. Las estrategias divergentes generaron esta falta de previsión, la que se trasladó a los demás partidos.

EA: Pareciera ser que la fragmentación de identidades de la clase media conduce a un desconcierto del elector…
LP: Hay un célebre experimento conductista con ratas, de los años ’40, en el que se coloca a estos animales en una jaula en donde hay comida. Para acceder a ella había que mover una palanca, de dos posibles; una era para alimentarse y la otra producía una descarga eléctrica. Ambas etiquetadas. Los roedores aprenden a “leer” y se manejan bien hasta que se les cambia el rótulo a las palancas y se produce un estado de confusión en el que las ratas prefieren no elegir y abstenerse de comer. Parece que a los humanos nos sucede lo mismo si se nos obliga a elegir entre opciones cuya consecuencia no podemos predecir y tendemos a la inacción.

Más allá de este ejemplo algo cínico, podemos afirmar que casi nadie toma decisiones de voto con la información completa sobre las acciones partidarias. El elector racional de la literatura no existe. Como no existe el hombre de la racionalidad económica. Cuando decidimos lo hacemos en función de la información disponible, de la tradición electoral de la que formamos parte o de alguna ideología. Luego, el comportamiento apuntado de los partidos lesiona la visión ideológica y la identidad partidaria. Por lo tanto, el elector debe decidir por aquello que supone es lo que más le conviene. Sin embargo, en la medida en que la conducta de los gobernantes o los partidos de gobierno deja de ser previsible, ese esquema ideológico deja de funcionar y se pasa del sentimiento de enajenación del sistema político a una verdadera agresividad hacia él. Entonces, las decisiones de voto son producto del contexto social en el que se mueve cada elector y las lealtades partidarias se tejen en relaciones privadas más próximas en las que, por ejemplo, pasa a ser referencia el voto o la intención de voto de las personas próximas, y por supuesto el contexto laboral. En un panorama en donde el mundo laboral es “dinamitado”, las identidades son más efímeras y nos convertimos en “electores instantáneos”, del mismo modo en que un consumidor se enfrenta a una góndola de supermercado con una oferta abrumadora y con poca información para elegir.

Si existen problemas para manejar la información porque la trayectoria previa de los partidos ya no es previsible; si el contexto social en el que podríamos discutir nuestras preferencias en forma deliberativa ha desaparecido o se ha modificado en forma radical, es más difícil mantener algún tipo de pauta estable. Entonces, de la escisión de la clase media antes mencionada podemos ver que los “ganadores” se ven alcanzados por una fragmentación de posiciones sociales que significan una multiplicación de grupos de referencia.

EA: ¿Cuál es el lugar que ocupa lo público frente a estas fracciones?
LP: Creo que hasta el funcionario público que mantiene su poder adquisitivo descree de lo público, no en la retórica, sino porque cree que la política democrática se ha alejado de lo público, que a nadie le importa la calidad de la educación o de la salud pública. La fracción de lo “perdedores” se comparan con los “ganadores” y aumentan los motivos de malestar, crecen los grupos de referencia frente a los que el individuo siente que pierde y, al mismo tiempo, quien siente que gana desarrolla la idea de que debe ese logro a sus propios esfuerzos, a pesar o más allá de la acción pública.

Una de las fuentes de legitimación del debate sobre lo público que es la relación entre valores democráticos y participación pública, que tradicionalmente asociamos con las clases medias, también se diluye en la escisión entre perdedores y ganadores.

Estos problemas son la secuencia negativa de los cambios económicos –no sólo de las reformas sino del impacto global de los últimos 20 años- tiene su impacto en el empobrecimiento del debate público y en la deliberación acerca del modelo de sociedad actual y futura.

EA: Los medios de comunicación tampoco ayudan a instalar las cuestiones públicas, acompañando el desinterés de sus consumidores…
LP: Los medios masivos de comunicación tienden a la trivialización y al entretenimiento en vez de convertirse en ámbito de la deliberación política acerca del modelo de sociedad y la visión política que se quiere. Esta situación no ayuda a los partidos políticos que, inmersos en esa lógica discursiva/temática planteada por los medios, pierden visibilidad como herramientas de transformación y ganan en desconfianza por parte de la ciudadanía.

EA: es un panorama bastante sombrío para la región.
LP: Este panorama, o esta visión, que he presentado sobre las transformaciones de la sociedad latinoamericana, en realidad tiene como origen transformaciones que también han afectado a la socialdemocracia europea, como señalaba Tony Judt. Hoy es muy difícil discutir sobre impuestos y bienes públicos. En buena medida los electores han pasado a ser consumidores preocupados sólo en cuanto les costara su decisión en términos de impuestos, o si con ella podrán acceder a la educación o a la seguridad privada, o hacerse de un lugar en barrios cerrados.

Este empobrecimiento del debate político es una de las causas de que hoy, frente a una crisis que muestra las consecuencias negativas del planteo neoclásico de la economía y la política global que ha regido en los últimos 30 años, no se plantee aún, de forma mayoritaria y en serio, la posibilidad de hacer política en una forma distinta, y sobre todo de avanzar más rápidamente en cambios institucionales para reconducir los mercados financieros al servicio del interés común, y no simplemente del máximo beneficio de algunos actores.

ILLIA Y LA CONSERVACIÓN DEL SUELO

El 17de enero pasado se cumplieron 28 años del fallecimiento de Don Arturo Illia, quien “Gobernó para el pueblo, sin dejar de lado los valores y los principios ideológicos del radicalismo histórico”, se realizaron muchos homenajes pero quisiera recordarlo con un ejemplo concreto que pone en evidencia la visión de estadista que poseía. Este artículo pertenece a Ricardo Luis Mascheroni.

Algunas veces, al revolver los archivos, surgen como de una caja de Pandora: hechos, documentos y decisiones anticipatorias de muchas de las cosas que nos pasan, las que al cotejarlas con la realidad, nos dejan un sabor amargo y que son demostrativas de la sistemática y perversa negación del pasado.

Entre una pila de papeles amarillentos por el paso de más de cuatro décadas de tiempo, rescaté el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1574 de 1963, por el cual el ex Presidente de la Nación Dr. ARTURO H. ILLIA (con mayúscula, como debe ser), expresaba: "Instituyese el "DIA DE LA CONSERVACION DEL SUELO", que se celebrará en todo el territorio de la Nación el 7 de julio de cada año. Entendiendo que el suelo agrícola configura el soporte más sólido de la economía Argentina, así como de su expansión futura y que, consecuentemente, la conservación de nuestro recurso natural básico es imprescindible para garantizar el bienestar de todos los habitantes de la Nación".

Parece mentira que en 1963, casi 10 años antes de la Cumbre de Estocolmo, un insigne y patriota Presidente Argentino, derrocado por un infame golpe militar en 1966, precisamente por sus condiciones de probo y justo, le decía a toda la Nación que el suelo era el recurso por excelencia para asegurar la calidad de vida de todos los argentinos, reseñando antaño, principios que hoy sustentan el desarrollo sustentable.

Hoy "nuestro suelo", que es una forma de decir, en grave proceso de degradación, se encuentra mayoritariamente privatizado y extranjerizado y solamente satisface las necesidades plenas de unos pocos.

Este decreto nace a propuesta del INTA y en homenaje a un pionero de la lucha contra la erosión, el Dr. Hugh Hammond Bennett, jefe del Servicio de Erosión de Suelos de los EE.UU., fallecido el 7 de julio de 1960 y recordado en el mundo entero como el "padre de la conservación del suelo, con el objetivo generar conciencia sobre la necesidad de su preservación, frente a la agresión sistemáticamente de las actividades del hombre, que agravan las causas naturales de deterioro e impactan desfavorablemente sobre el mismo.

El eminente científico, dedicó sus esfuerzos a lograr un aumento en el rinde de la tierra a través de una mayor protección, trabajando para concientizar sobre los beneficios de su adecuado manejo y resguardo.

El alocado ritmo actual de explotación y de extracción de productos, incide negativamente en la sanidad de los suelos, profundizando los procesos de desertización y degradación, ante una demanda creciente de alimentos y otras materias.

La erosión y pérdida de fertilidad de los suelos, hacen que se haga cada vez más difícil atender las necesidades humanas en preocupante y en muchos casos inducida expansión, provocando que millones de personas se vean amenazadas no sólo desde el punto de vista de su calidad de vida, sino de su subsistencia.

"El suelo, igual que el ambiente es un sistema de relaciones de equilibrio, sistema muy complejo (físico, químico, biológico, sociocultural) de una gran sensibilidad a la variación de uno solo de sus factores constitutivos, lo cual produce reacciones en cadena, en especial a propósito de las intervenciones perturbadoras del hombre".(1)

El excesivo consumismo imperante y el explosivo crecimiento de la población están ejerciendo una presión desmedida en la capacidad de carga de los ecosistemas, llevándolos a un paulatino agotamiento y desaparición, tornándolo incapaz de cubrir las necesidades humanas.

La sobreexplotación a través de técnicas industriales de alto rendimiento, monocultivos, riego artificial y la incorporación de pesticidas y fertilizantes para incrementar la producción, en un plazo más o menos largo producirán, tierras agotadas, campos salinizados y avance de la desertización.

El modelo agroindustrial en franca expansión, sobre todo a partir del boom del biodiesel y otros agrocombustibles, conjuntamente con el cambio climático en marcha, pintan un cuadro de lo más preocupante y de pronóstico incierto.

A estas prácticas irracionales, debemos sumarle la tala indiscriminada de bosques naturales, que disminuyen la protección forestal y permiten que el viento y las lluvias arrastren la capa humífera superficial, la que lleva cientos de años regenerarse. En Argentina; "el 75% del territorio nacional está sujeto a procesos erosivos causados por las actividades agroganaderas y forestales". (2)

"Estamos destruyendo los suelos por lo menos 13 veces más rápido que el tiempo que es posible crearlos." (3)

Por último, valgan las siguientes palabras de Hugh Bennett: "Es importante que el hombre se sienta dueño de la tierra, pero que a su vez se convierta en celoso custodio de su integridad en todos sus aspectos, es decir hacerla producir al máximo, al menor costo posible, pero sin disminuir su productividad".

NOTAS

1.- Silvia Jubany de Stangaferro, Revista Tiempo Empresario, Junio de 1993, Rosario.

2.- Diario El Litoral, Medio Ambiente, La desertización avanza, 14 de Agosto de 1999, Santa Fe.

3.- Pat Roy Mooney,El Siglo ETC, Editorial Nordan, año 2002.

No a las dobles candidaturas

La Unión Cívica Radical está en la construcción de una alternativa no únicamente programática sino también profundamente ética para Tucumán, este será el imperativo para sus dirigentes y fundamentalmente en sus candidatos quienes deben ser ejemplo de esa conducta ciudadana. Y a la vez deberá llevar a este principio a ser una característica esencial del Acuerdo Cívico Social como espacio político emergente en Tucumán.

En este sentido no tan solo nos oponemos a la re-reelección sino también a las dobles candidaturas, no habrá cabida para la especulación de aquellos que piensen tan solo en sus intereses personales. Así mismo somos contrarios a las candidaturas testimoniales, nuestros hombres y mujeres asumirán la responsabilidad que les delegue la sociedad. Esa modalidad será común en la estrategia del oficialismo y de otras fuerzas políticas que esperan con un apellido salvar su impronta electoral.

Esto es parte de los principios rectores que ofrecemos a la sociedad al pensar que no basta un programa o“una doctrina para que nos entiendan. Sino conductas para que nos crean”

Texto del comunicado de prensa firmado por José Cano-Rodolfo Aranda (24/ene/2011)