Derechos Humanos hoy,

¿Cuál debe ser su rol en democracia?

Con sus principales reclamos en camino de concretarse -juicio y castigo a los culpables y recuperación de los menores apropiados durante la dictadura-, el movimiento de derechos humanos discute su papel de cara al futuro. ¿Es legítima su participación en temas sociales? El efecto Schoklender y cuál debe ser la relación con el poder político?

Por Luciana Vázquez (La Nación - 26/06/2011)

El Centro Simón Wiesenthal no puso una empresa constructora ni un hospital donde se vacuna gratis. Ni se les ocurre", afirma sin vueltas el filósofo Tomás Abraham. "La utopía de la organizaciones de derechos humanos en una democracia perfecta sería su máxima invisibilidad y, en un extremo, cerrar sus puertas", sostiene Graciela Fernández Meijide, con reconocida militancia por los derechos humanos y madre de un hijo de 17 años desaparecido durante la última dictadura. "Nosotras nos hemos visto favorecidas por cada uno de los gobiernos constitucionales que hubo desde que cayó la dictadura", dice la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa de Roisinblit. "Aunque pueda suceder lo de Schoklender, es totalmente válido que una organización de derechos humanos pase a la acción y supla al Estado para alcanzar algunos derechos. Es totalmente válido que construyan casas", postula la diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur, Victoria Donda, hija de desaparecidos, nacida en cautiverio en la ESMA.

El caso Schoklender en su versión recargada con corrupción y organismos de derechos humanos (DD.HH.) es mucho más que un escándalo judicial. Es también un antes y después a partir del cual volver a pensar el devenir de las organizaciones de derechos humanos en tiempos de democracia plena, cuando el peligro inminente y el enemigo claro de los gobiernos militares son un fantasma del pasado.

¿Cuál es la distancia ideal que deben guardar las organizaciones de DD.HH. respecto del poder político en épocas democráticas? ¿Hasta qué punto es legítimo que reciclen sus luchas y extiendan sus reivindicaciones hacia nuevos derechos? ¿Deben abandonar su rol vigilante y crítico para saltar a la acción y hacer lo que el Estado no hace a la hora de cumplir con los derechos sociales?

O en su formulación más extrema: ¿hay vida para los organismos de DD.HH. luego de 27 años de democracia, muchas conquistas alcanzadas, y después del terremoto Schoklender? Y si la hay, ¿cómo es o cómo debería ser?

Veredas opuestas

Máxima distancia. Distancia crítica. Auxiliares del Estado. Vigilantes. La relación entre los organismos de DD.HH. con el Estado y el gobierno debe ser siempre de lejanía. Al menos así lo sostienen voces tan variopintas como las de Fernández Meijide, la politóloga María Matilde Ollier, Abraham, la diputada nacional y candidata a vicepresidente por el socialismo, Norma Morandini, el periodista Ceferino Reato y la militante de derechos humanos en Santa Cruz y especialista en la materia, María de los Milagros Pierini.

"La no relación entre gobierno y DD.HH. es la mejor relación", sintetiza Abraham, que agrega: "El individuo tiene que estar protegido de los poderes del Estado, que es el que viola los derechos".

La dictadura fue una tragedia pero algo dejaba en claro: que el Estado era un otro al que había que resistir y de manera obligada. Los organismos de derechos humanos nacieron para oponerse al Estado, al gobierno, e interpelarlo por sus violaciones sistemáticas de derechos. Pero todo se complica cuando el gobierno es elegido democráticamente, y más difícil se hace si toma las medidas que el movimiento de DD.HH. viene reclamando históricamente.

Para las organizaciones de víctimas de la dictadura es más complejo todavía: nacidas "circunstancialmente", según Meijide, unidas por una tragedia pero no por una ideología, la reparación que Néstor Kirchner inició puede dejarlas confusamente cerca del poder.

Fernández Meijide es de quienes creen que la distancia debe mantenerse a pesar de todo: "No es necesario que haya un enemigo. Hasta un amigo se puede equivocar".

Vigilar al Estado para que no viole los DD.HH. debería ser el rol de los organismos, según Meijide, no importa su signo político. "Cuando en 2006 las Madres dicen que no hacen más las Marchas de la Resistencia porque ya no hay un enemigo en la Casa de Gobierno, en ese momento se perdió el rol de las organizaciones de DD.HH.".

Morandini prefiere describir el rol de los organismos como "auxiliares del Estado" en su papel de presentar los reclamos de grupos de ciudadanos y aportar información clave sobre esos reclamos. "Pero son algo distinto del Estado y del gobierno", aclara.

Las posiciones no se encuentran en este punto. Desde Abuelas, Roisinblit se preocupa por equiparar la relación entre el kirchnerismo y algunas de las representantes más destacadas de Abuelas describiendo prolijamente una buena relación de Abuelas con cada gobierno democrático. Algo parecido sostuvo Estela de Carlotto esta semana desde Alemania.

La única diferencia sería una cuestión de grado en esa relación. "La quiero mucho a Cristina, le estoy muy agradecida por todo lo que hizo por nosotros, yo la voté a Cristina. Yo nunca acepté ir a un acto proselitista pero fui una de las primeras que estuvo en un palco cuando ella se hizo cargo de la presidencia. eso sí. Fueron los únicos que nos invitaron", dijo .

Por su parte, la integrante de Madres Línea Fundadora, Tati Almeida, se niega a profundizar en nuestra entrevista otros temas que se desprenden del caso Schoklender pero insiste sin descanso en el "agradecimiento" hacia el kirchnerismo.

"Los organismos de DD.HH. nos hemos sentido por fin escuchados por un presidente y es la misma política de DD.HH. que continúa la actual presidenta", explica. "Para nada. Absolutamente para nada, eh?", dice cortante cuando le pregunto si esa relación las condicionó de alguna manera.

Sin embargo, aunque tanto Roisinblit como Almeida, en diversas declaraciones a los medios, cuestionaron el vínculo de Hebe con Sergio Schoklender, para ellas la cercanía extrema con el Gobierno no es un tema.

Para el periodista Ceferino Reato, en cambio, esa identificación está condicionando el futuro de la legitimidad de las Madres y Abuelas, aunque no resta nada al valor histórico de su lucha pasada. Reato ve un costado más oscuro en esa identificación: "Me parece que han perdido mucha autonomía y representación y uno podría decir que en parte lo han hecho por las ventajas materiales que ellas y sus familiares han obtenido de este gobierno pero también de otros gobiernos. Lo del dinero de las Madres de Plaza de Mayo no es el primer episodio. Yo recuerdo algún episodio que involucró a Carlotto en la provincia de Buenos Aires durante la gestión del gobernador [Felipe] Solá; también hubo una pelea por plata, aunque no a estos niveles, claro. Además, sus hijos ocupan cargos políticos importantes".

De la vida a la vivienda

Aunque luego de treinta y cuatro años de historia las Abuelas llevan recuperados 104 nietos, lograron la aprobación de la Ley de Banco de ADN y consiguieron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que guarda la información genética necesaria para identificar a hijos o hijas de desaparecidos, las reivindicaciones con las que nacieron en 1977 todavía tienen pleno sentido.

Su objetivo más puntual no está cumplido: faltan recuperar todavía 400 nietos. Eso le da a la Asociación plena vigencia. "Abuelas tiene su destino. No vamos a hablar ahora de eso porque falta mucho, pero ya está todo programado. Acá ya tenemos nuestro recambio", dice Roisinblit. Lo que todos tienen claro en la organización es que, mientras haya una abuela, "la que manda es la abuela".

Pero no es el mismo caso el de Madres de Plaza de Mayo. "Hoy en día las Madres no tienen esa esperanza de encontrar a sus hijos-es Roisinblit quien habla-. Por eso, si las Madres se quieren dedicar a otra cosa, bueno, allá ellas, porque DD.HH. no es solamente la desaparición de una persona".

Será imposible obtener la opinión de las Madres de Hebe de Bonafini. Luego de varios llamados, la negativa llega por mail firmada por la vicepresidente de las Madres, Mercedes Meroño.

La preocupación de las Madres por el derecho a la vivienda no es nuevo. Pierini recuerda que en 1984 y 1985 las Madres, en visita a su provincia, ya hablaban de empezar a ocuparse de reivindicar otros derechos.

Para Reato, que con su libro Operación Primicia puso en evidencia el uso de los derechos humanos por parte del kirchnerismo, la lucha presente de Hebe, que acompaña al kirchnerismo en sus diversas peleas ideológicas, no tiene que ver con un vaciamiento del sentido de su causa en tiempos democráticos. "Yo creo que Hebe considera que su lucha pasa por concretar los sueños y los ideales por los que murieron sus hijos -afirma Reato-. Siempre lo dice: va a ver su misión cumplida cuando el país se convierta en lo que sus hijos querían."

Pero, más allá del caso de las Madres, en realidad, la decisión de ampliar la agenda de reivindicaciones por fuera de los reclamos vinculados con derechos violados en la dictadura es un camino elegido por otros organismos de derechos humanos.

Así lo explicaba hace poco Adolfo Pérez Esquivel en relación al Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), en una entrevista publicada en el diario Perfil. Serpaj, por ejemplo, amplió su lucha en favor de las mejoras del régimen carcelario que afecta la dignidad de los presos o el derecho a la tierra del pueblo Quom. Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora también se vienen interesando por las condiciones en las cárceles.

Sin embargo, hay una diferencia entre los nuevos tipos de reivindicaciones, que muchas veces abandonan el ámbito de los derechos fundamentales inalienables, como la vida y la libertad, hacia los derechos sociales y que divide las aguas de quienes militan en las organizaciones de DD.HH. o reflexionan sobre el tema.

"Frente a un cambio cualitativo como el que representa pasar de un régimen autoritario a una democracia, es natural que también se dé un cambio cualitativo en las organizaciones de derechos humanos", explica sin fisuras la respetada politóloga María Matilde Ollier.

Ollier no tiene dudas: se trata de ampliar el alcance de las reivindicaciones. Pero para la politóloga el salto nunca debe alcanzar a los derechos sociales. "Denunciar situaciones de gatillo fácil, de trata de mujeres, de tráfico de niños, de maltrato en las cárceles. esas son reivindicaciones de derechos fundamentales que muchos organismos de DD.HH. están llevando adelante. Pero no estoy de acuerdo con que defiendan los derechos sociales. Esos son objetivos de los partidos políticos", desarrolla Ollier.

Por el contrario, para Donda a las organizaciones de DD.HH. nada les es ajeno y pueden acometer todo tipo de reivindicación humana y social. Esta extensión es, para la diputada, un resultado natural de la continuación de la defensa de los DD.HH. violados en los setentas. "Hasta que no sepa dónde ir a llevarle una flor a mi mamá, para mí todo está vigente. La aparición con vida de los nietos, la aparición de los desaparecidos, que todos los asesinos estén presos, que quienes se enriquecieron con la dictadura también estén presos, la complicidad civil con la dictadura", enumera Donda.

En este punto, el problema que faltaría discutir no es que las Madres hayan pasado a reclamar por el derecho a la vivienda, sino que hayan pasado a construirlas y con dinero del Estado.

Vigilar o actuar

Reconvertir las causas por las que se lucha. Expandirlas pero no abandonarlas. O reconvertir el método de la lucha: abandonar el puesto de observador crítico y pasar a la acción. Ese parece haber sido el camino que tomaron las Madres, la organización de mayor peso simbólico en el ámbito de los derechos humanos. "Son las únicas que lo hicieron", se sorprende Fernández Meijide.

Y otra vez las aguas se dividen. A Donda le cierra completamente el paso a la acción. "Totalmente válido sobre todo si tenés un Estado inoperante", dice de la decisión de Hebe de lanzarse a construir casa, no importa el hecho puntual del caso Schoklender. "Que una persona haya hecho mal las cosas no invalida ese rol. Si el Estado controla y no tenés funcionarios corruptos, puede funcionar", dice.

Abraham no piensa igual. "Los judíos conocemos muy bien el negocio del Holocausto, el negocio de la culpa. La víctima es víctima, necesita justicia y reparación, no negocios y emprendimientos financiados por el Estado. "

"No hay que intentar suplir el papel del Estado", razona Fernández Meijide. "El rol de las organizaciones es la denuncia con la intención de que el Gobierno corrija las violaciones o los problemas. Esa es la obligación en democracia porque se supone que las instituciones de la democracia tienen que funcionar".

Como dice Ollier: "Cuando un maestro les da deberes a los chicos, no va a la casa de los chicos para que los hagan. No es su rol. Lo mismo con las organizaciones de DD.HH.: su rol es el control del Estado, no la construcción de viviendas".

DIXIT

· "Que una persona haya hecho mal las cosas no invalida ese rol. Si el Estado controla y no tenés funcionarios corruptos, puede funcionar". VICTORIA DONDA

· "Los organismos de DD.HH. nos hemos sentido por fin escuchados por un presidente y es la misma política de DD.HH. que continúa la actual presidenta". TATI ALMEIDA

· "No estoy de acuerdo con que defiendan los derechos sociales. Esos son objetivos de los partidos políticos" MARÍA MATILDE OLLIER

· "La víctima es víctima, necesita justicia y reparación, no negocios y emprendimientos financiados por el Estado". TOMÁS ABRAHAM

· "No hay que intentar suplir el papel del Estado. El rol de las organizaciones es la denuncia con la intención de que el Gobierno corrija las violaciones o los problemas ". FERNÁNDEZ MEIJIDE

Los Unos y los otros...

Rodi Aranda

He tratado de mantenerme al margen de todos los comentarios que se hacen del proceso interno para la selección de candidatos del Acuerdo Cívico y Social. Pero algunos comentarios no tan solo faltan a la verdad sino que demuestran una complicidad inadmisible de quienes los generan con el oficialismo léase Alperovichismo.

Y por ello debo separar la paja del trigo, no es lo mismo la dupla Moreno –Ibarreche, quienes se sometieron a esta elección interna, sin necesidad que alguien supuestamente les prometiera candidatura alguna, sino confiados en su trabajo militante. Hoy no conformes con el resultado y en la creencia que hubo actos que le perjudicaron han llevado sus planteos ante la Justicia Electoral provincial. Podremos compartir o no su estrategia pero no podemos negarle vocación democrática, militancia y compromiso social.

En lo personal no les voté pero reconozco la hombría de bien de los candidatos y adherentes de la lista Azúl, verde y Blanca, aspiro a que pronto esta discusión termine para que, juntos; iniciemos el camino que nos posibilite consolidar la única alternativa de poder para Tucumán a que está llamado a convertirse el Acuerdo Cívico y social.

En su momento y convencido que la herramienta de cambio era el ACyS (lo sigue siendo), milité para que podamos ofrecer una lista mixturada de candidatos con los socios fundadores del Acuerdo, los socialistas, democratacristianos, de la coalición civica, el sector de los autoconvocados del campo. Tambien era obvio que esta base era importante pero insuficiente si se quiere luchar por el poder contra este gobierno déspota, que usa y abusa de los fondos públicos para cooptar a dirigentes políticos y/o sociales, sean propios o de otras fuerzas políticas. Asi se sumaron otros sectores como el MP3 del dirigente peronista Sangenis, sectores del peronismo federal y el Movimiento Popular y Federal entre otros.

Para trabajar en este sentido deje de lado toda aspiración personal de ocupar un cargo electivo, esto permite un dialogo más fecundo con todas las partes ya que sabián que la única preocupación era y es, la mejor construcción de ese espacio colectivo que es el ACyS. Y a esto lo saben todos quienes trabajan en este espacio.

Por supuesto debo ser respetuoso de quienes opinan contrario.

Así hubo quienes que, desde siempre, manifestaron su pretensión de ser candidatos del Acuerdo, y se prepararon para ello y estaban los que buscaron bendiciones de algún encumbrado dirigente los convirtiese en candidatos. Los primeros se prepararon para cumplir lo que la Ley dicta que es la elección interna y los otros buscaban el atajo creyéndose ser un “elegido” más propio de un mesiánico que de un verdadero demócrata. Estaban los que basaban su aspiración en la militancia diaria y el apoyo de los afiliados y adherentes que supieran concitar. Y frente a ellos estaban los que buscaron el cobijo de un dedo para que los señalase como candidatos.

Al final, quienes se sometieron al veredicto de las urnas, conformes o no por el resultado, luchando o no por hacer valer sus creencias sobre el escrutinio, pero todos legitimados por la opinión de los votantes. Mientras que los que pretendían ser candidatos sin someterse a la opinión de los afiliados andan injuriando, falseando la realidad, asumiendo representación que no tienen y amenazando de ser candidatos por otro sector político.

No sería de hombre el decir todo esto y no manifestar sobre quienes me refiero.

Están los que se sometieron a la voluntad del afiliado y demostraron sus convicciones democráticas; como los amigos de la lista Azul, verde y Blanca que en la capital encabezan Raúl Moreno y Brigido Ibarreche, y los militantes de la lista Blanca que en la sección Oeste encabezó Ariel García, de quien estoy en las antípodas políticas, pero debo reconocer su trabajo-

Y están los que se creyeron candidatos por el dedo, haciendo gala de incontinencia verbal y demostrando su poco apego democrático. El que llora como despechado y en lastimera actitud insulta o injuria a todos y no se hace cargo de sus propias culpas o ineficiencias. Acá me refiero a Rafael Sánchez, quien fustiga al radicalismo pero oculta que como afiliado radical es el presidente de la Junta departamental de Burruyacu de la UCR, junta que jamás hizo funcionar en una muestra más de su inoperancia. Dirigente ególatra que desde lo mediático pretende juzgar conductas y/o personas cuando en realidad es un energúmeno en lo político. Pretende debilitar al Sector del campo siendo así servil a su amigo José Jorge Alperovich, pretende erigirse en líder de un sector cuando su chatura le impide dirigir cualquier proceso colectivo como es el Acuerdo Cívico y Social.

A unos le felicito y estoy seguro de que estaremos codo a codo trabajando por ese Tucumán digno que nos merecemos todos los habitantes de esta provincia, donde haya “justicia Social” verdadera y para todos, donde la asistencia social sea un paliativo y no instrumento para asegurar clientela política. Donde la seguridad y salud pública sea prioridad en las políticas de Estado, donde la educación sea la base para el cambio cultural que Tucumán necesita, donde nuestros mayores reciban lo que se les debe por derecho por fruto de su vida de trabajo; donde los jóvenes tengan un futuro laboral y social asegurado. Lograr un Tucumán donde se dignifique al hombre con trabajo para todos y un salario que les garantice a ellos y sus familias el acceder salud y educación de excelencia. Estos y muchas propuestas más que llevaran adelante los hombres y mujeres del Acuerdo Cívico y Social.

A los otros, a los que creyeron que militar en política era un reality mediatico, entiendan que no podrán frenar la historia, son y serán una anécdota en la vida de Tucumán

San Miguel de Tucumán, Junio 20 de 2011

El pañuelo no se mancha

por Alfredo Leuco

Una vez más Hebe Bonafini se equivocó brutalmente. Ayer dijo que no iba a hablar de puteríos cuando le preguntaron sobre el escandaloso alejamiento de Sergio Schoklender de la Fundación de la Madres de Plaza de Mayo que dirigía.

Bonafini se equivoca porque tiene la obligación de hablar y de dar explicaciones como cualquier hijo de vecino. Todo el mundo sabe que vienen manejando fortunas de fondos públicos que son de todos los argentinos. Y que con el ridículo escudo de no darle pasto a la derecha resolvieron no rendir cuentas jamás, no mostrar balances ni papeles y moverse en el mundo empresarial con una absoluta falta de transparencia.

El 12 de marzo del 2003 yo hablé por última vez con Hebe Bonafini. Hace ocho años. Nunca mas me atendió porque ese día denuncié que Schoklender a quien consideraba un hijo había sido detenido conduciendo un auto con papeles falsos. Hebe no aceptaba ni acepta ninguna crítica. En esa misma época renunció a la Universidad de las Madres un intelectual impecable y luchador por los derechos humanos como Vicente Zito Lema.

El pegó un portazo espantado por el rol que Schoklender estaba teniendo. Dijo textualmente: “Me resisto a que ningún infausto monje negro reviva en nuestra institución una suerte de lopezreguismo”. No fue alguien de la derecha pro militar el que encendió esta luz de alerta. Fue un escritor claramente de izquierda, perseguido y exiliado como Zito Lema.

Y no utilizó cualquier metáfora. Habló de lopezreguismo con todo lo que eso lleva implícito de delincuencia y de muerte. Sin embargo, muchos artistas populares y militantes del progresismo prefirieron mirar para otro lado o condenar a los mensajeros que dimos esta información, repito, hace 8 años.
Néstor Kirchner se proclamó hijo de las madres y las abasteció con millonarias sumas de dinero sin que nadie pudiera controlar como se usaba y que destino se les daba. La AFIP que es tan puntillosa en perseguir evasores debería informar cual es el estado del pago de impuestos de la Fundación conducida con mano de hierro por Schoklender.

Cada tanto se fueron conociendo sus gastos insólitos y extravagantes más propios de un jeque árabe que de un dirigente de una ONG que ganaba alrededor de 5 mil pesos por mes. Vive en uno de los countries mas lujosos, compró una verdadera mansión, se movía en aviones privados carísimos como si fuera suyos y, como si esto fuera poco, se peleó con su propio hermano Pablo por la forma en que manejaba los fondos para la construcción de viviendas. Es bueno recordar que, si bien ya pagaron su deuda con la justicia, los hermanos estuvieron presos no por un robo de gallinas o por una contravención menor.

Fueron encarcelados por haber asesinado a sus propios padres y jamás dieron su versión sobre aquel parricidio que hace 30 años conmovió a la Argentina. A esta altura las declaraciones públicas de Sergio y de Hebe defendiendo al terrorismo de la ETA o a Bin Laden y el apoyo a Mahmud Amadinejad, el jefe de la republica islámica de Irán que niega el holocausto nazi son brulotes nefastos que iluminan mas todavía la poca transparencia de sus acciones comerciales. Schoklender y la fundación deben ser investigadas a fondo.

La propia presidenta Cristina Fernández inauguró parte de las 4.800 viviendas que han construido con dineros del estado nacional. La ex ministra de economía Felisa Miceli es la administradora general y también debe rendir cuentas. Ella además se tuvo que ir del gobierno cuando le encontraron en su baño una bolsa llena de dinero que no supo, no quiso o no pudo explicar. Es muy grave todo esto que esta pasando.

Soy conciente que debe ser muy difícil sobreponerse al dolor más terrible al que puede ser sometido un ser humano: la desaparición de sus hijos.
Soy conciente que muchos por mucho menos, enloquecerían. Pero la tragedia no puede ser un certificado de impunidad ni de inmunidad. El desgarro no da fueros. La impunidad es como la muerte. No hay ninguna buena. Además la historia nos enseñó a los argentinos que se puede ser implacable en el combate por la verdad y la justicia sin perder la honestidad y la ética.

Todo lo contrario, los más grandes luchadores por los derechos humanos deberían ser los primeros interesados en que todo esto se aclare. Que se castigue a los que cometieron delitos y que se mantenga limpia la lucha de tantas madres y abuelas honestas y valientes. Para que ese pañuelo blanco siga inmaculado. Para que pese a todo nada ni nadie lo pueda manchar. Ni siquiera Hebe Bonafini.

La Política Argentina y su Mayor Dilema

Por Aldo Neri

El mayor dilema de la política argentina es la cuestión social y ni el oficialismo ni parte de la oposición asumen las incomodidades que resultan. No difieren mucho en su comprensión de la sociedad, lo que se evidencia en el momento de proponer reformas. Todos coinciden en el objetivo de erradicar la pobreza y atemperar la desigualdad (esto último con énfasis sospechosamente distintos). Pero los remedios sugeridos no difieren tanto. Y aunque se escucha que somos una sociedad dividida en dos, una próspera y otra marginada, lo que se escucha menos son sus consecuencias políticas.

Se cree que el crecimiento económico generará blanqueo de la informalidad laboral, expansión de la seguridad social tradicional y buenos salarios, y que, sumándole mucha educación, es la fórmula de la felicidad. Pero la fórmula que sirvió antes no alcanza ahora.

Y esto porque la tecnología transformó los mercados de trabajo y acentuó las diferencias entre trabajadores en el poder de captación de los beneficios de la mayor productividad de la economía; porque los sectores medios, con mayor poder político, se alejaron mucho en ingreso, consumo y culturalmente de la base social; porque no se trata de una evaluación moral del antagonismo de intereses, sino de un reconocimiento del que existe; porque el discurso tranquilizador de la solución a través de la educación es una falacia, como tantas verdades parciales; porque la educación, y sólo si es de calidad equivalente, iguala las oportunidades de los que están parejos en condiciones básicas de vida; porque el crecimiento de la desigualdad expandió el resentimiento, que lleva al mayor delito y al piquete violento y porque se ha institucionalizado un sistema político que se beneficia de que el paternalismo de Estado sea la cara reconocible de la justicia social.

Romano Norri-A. Neri- José Cano

El dilema para una sana política es cómo lograr apoyo a medidas que inevitablemente afectan intereses de muchos votantes, y conspicuamente, de aquellos organizados, con mayor conciencia de sus intereses, y más influyentes.

El discurso populista demonizando el poder imperial de USA, las transnacionales –o las oligarquías locales– como origen de todos los males, ya no sirve, no porque esos poderes no existan, sino porque son otros más entre los que una democracia debe aprender a administrar en pos del bien común. Pero otra cosa que ella no puede ignorar son las contradicciones de intereses que tiene en sí misma.

Y para ello, hay que entender que a la justicia distributiva hoy no le bastan el empleo, el salario y la seguridad social tradicional. Que el Estado, por ejemplo, debe separar y universalizar la protección social básica del modelo contributivo, que pasa a constituir su complemento; que necesita transformar la actualización de tarifas de los servicios públicos y energía en otro canal redistributivo, estableciendo diferenciales según sector social; que debe privilegiar la escuela y el colegio de que son tributarios los sectores sociales más castigados (entre otros criterios de prioridad, cancelando la creación de universidades injustificables); que tiene que actualizar la carga impositiva al patrimonio, a la ganancia y a lo suntuario con justa progresividad, y aliviar los consumos populares y debe adecuar su legislación laboral a la realidad económica de las pymes y la informalidad, si no quiere que este grupo sea la variable de ajuste de privilegios de los formalizados. Y que necesita una política económica que mida sus éxitos en calidad de vida popular, y no en meros indicadores macroeconómicos.

Lo que más teme un político es la impopularidad. Pero, asimismo, uno de los atributos del liderazgo es enseñar al pueblo a respetar los costos de una mayor armonía social. En años favorables para la economía, los dolores de los cambios se pueden minimizar. Pero la mediadora es la buena política, con su capacidad de generar confianza.

Artículo de opinión, publicado en el Diario Perfil, el 21 de mayo de 2011.

El Agua es un derecho humano

Por Jorge Cuello (abogado, docente de la UBA)

El ser humano mantiene una relación especialísima con el agua ya que este líquido de primera necesidad es sinónimo de vida. Además es fundamental para la existencia y conservación de los ecosistemas y resulta indispensable para el desarrollo de las sociedades.

“El agua no es un recurso natural más. El agua es el eje en torno al cual se organiza la vida sobre la tierra. Somos de agua y el agua esta dentro nuestro en un 80%. Lo que le pase al agua del Río de la Plata nos va a pasar a nosotros”. (Brailovsky – 2006). Algunos otros especialistas dicen que el agua representa aproximadamente el 70% del peso corporal. El 50% se halla dentro de las células, el 15% fluye entre ellas y el 5% restante esta en la sangre.

Este recurso cubre el 71% de la superficie del planeta, lo cual ayuda a mantener el clima de la tierra, diluye los contaminantes y es esencial para toda forma de vida. “También estamos ligados al agua porque el aire que respiramos se origina en el mar, en el fitoplanton marino y las algas microscópicas y toda contaminación marina afectará nuestras posibilidades futuras de respirar. Con lo cual, este es uno de los argumentos por los que se habla del agua como derecho humano. Debe ser algo que esté mas allá de toda discusión”. (Brailovsky – 2006).

La cantidad de agua dulce en la tierra es relativamente pequeña, se recicla y purifica de manera constante. Del total del agua existente en el planeta solo el 2,5% es dulce y de ella solo el 1% resulta accesible para el hombre, ya que el resto se encuentra congelada en los polos, esparcida en forma de humedad en los suelos o circulando por las napas subterráneas más profundas.

Este es un recurso vital para el consumo humano, la agricultura y la industria además de otras actividades humanas como el turismo o la nevegacion. Del total de las extracciones de agua dulce en el mundo el 70 % es utilizado por la agricultura, el 20% por la actividad industrial y el 10% restante esta destinado al uso doméstico.

A pesar de su importancia, el agua es uno de los recursos mas deficientemente administrados en el planeta y se la desperdicia y contamina. Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad 1.200 millones de personas no disponen de acceso al agua potable (entre ellos 80 millones de latinoamericanos) y 2.400 millones no tienen acceso a instalaciones sanitarias decentes. Al menos 5 millones de personas, fallecen cada año a causa de enfermedades transmitidas con el agua y que podrían prevenirse con mejoras sanitarias y el suministro de agua potable.

La diferencia de consumo entre los países del primer mundo y el resto es abismal. Por ejemplo, un ciudadano de EEUU utiliza 600 litros por día promedio, mientras que en África no alcanzan a 10 litros.

En el año 2025 la población mundial ascenderá a 9.000 millones de personas, la demanda de agua potable será el 56% más que el suministro y en consecuencia 3 mil millones de seres humanos no tendrán acceso al mínimo de agua indispensable para vivir dignamente.

“La salud bien entendida, está directamente ligada a los problemas de aprovisionamiento de agua dulce: de acuerdo con cifras de la ONU, cerca de 5 millones de niños menores de cinco años mueren anualmente en razón de la falta de agua potable e instalaciones sanitarias” (Maurice Strong – 1992).

En el 2005 la escasez de agua causo 10 veces mas muertos que todas las guerras juntas del planeta en el mismo periodo. El 20 % de las especies del planeta se han extinguido o se encuentran en peligro de extinción debido a la falta de agua o a la presencia de agua contaminada.

Hasta acá, esta serie de datos nos muestran la importancia estratégica que tiene este recurso vital y como su uso irracional está socavando las bases mismas en la que se sustenta la vida. El gran desafío de la humanidad en el siglo XXI será calmar la sed. La lucha es la misma de siempre. Por un lado, se encuentran los que defienden la vida. Por el otro, los que provocan destrucción y muerte. Nosotros militamos en la primera de las filas.

Por todo lo antes dicho consideramos que el agua -en tanto elemento esencial para la vida humana- es un derecho humano inalienable de las personas y como tal debe ser reconocido no solo en los sistemas jurídicos internacionales y nacionales sino que además debe convertirse en una prioridad en las políticas publicas de los gobiernos para garantizar a todos los habitantes el acceso a este derecho y cumplir al menos con el objetivo del milenio de Naciones Unidas de reducir a la mitad la cantidad de personas que no tienen acceso al agua potable y saneamiento para el año 2015. La Constitución Nacional de Uruguay y Bolivia ya han reconocido este derecho en sus textos constitucionales.

Según Elsa Bruzzone para cumplir con esta meta el proyecto del Milenio de la ONU estimo que se necesitarían U$s76.500 millones para abastecer de agua potable y U$s 33 mil millones para saneamiento, un total de casi U$s 110 mil millones, entre el año 2001 y el 2015. La cifra anual de inversion es de U$S 7.300 millones, menos de la mitad de los U$s17 mil millones que Europa y Estados Unidos gastan anualmente en comida para mascotas.

El impacto del neoliberalismo sobre la gestión de los servicios de provisión de agua potable y saneamiento.

El calentamiento climático, la contaminación, la industrialización y el uso irracional del agua están amenazando las reservas de agua potable en el mundo. Bajo las actuales modalidades y niveles de consumo el agua potable aparece como un recurso natural que escasea. “El agua es un bien tan precioso que ha pasado necesariamente a ser objeto de controversia política”.

En este escenario, existen dos grandes posiciones en torno a la naturaleza jurídica del agua. Por un lado, la postura de las multinacionales y los organismos financieros internacionales que ven al agua como una mercancía sujeta a las leyes del mercado.

Del otro lado, quienes pensamos que el acceso al agua potable y a las fuentes de saneamiento no solo debe ser considerado un derecho humano inalienable del ser humano sino que también una prioridad en materias de políticas publicas en cada uno de los Estados.

A continuación vamos a analizar brevemente el impacto que han tenido las políticas neoliberales imperantes en el mundo durante la década de los noventa aplicadas en la mayoría de los países de la región. Telma Luzzani advertía en el año 2003 que “en los últimos 10 años las grandes corporaciones, llamadas también los "barones del agua", han pasado a controlarla en gran parte del mundo y se calcula que en 15 años, una pocas empresas tendrán el control monopólico de casi el 75% de ese recurso vital para todos".

A puertas cerradas, los gobiernos del mundo están negociando el Acuerdo General de Comercios y Servicios (GATS por sus siglas en inglés) en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Su fin es la liberalización de los servicios públicos como el agua, la salud, la educación, el transporte público y la energía eléctrica. Con esto, el mercado del agua debe ser sometida a las leyes del mercado y a la competencia entre grandes corporaciones transnacionales. Estas últimas reciben apoyo de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de los poderosos países industrializados.

El mundo ya ha sido testigo de los impactos catastróficos de las privatizaciones del agua en muchos países del mundo como Ghana, Sudáfrica, Bolivia, Argentina, Canadá e Inglaterra. "Las guerras del siglo XXI serán por el agua" dijo Ismael Serageldin, ex directivo de la Sociedad Mundial del Agua, una alianza de corporaciones internacionales dedicadas a ese negocio y a impulsar la privatización del servicio público del agua en distintos países. Serageldin fue también ex vicepresidente del Banco Mundial, otra entidad muy vinculada a la privatización del agua, con prácticas, a veces, non sanctas, como pasó con Aguas Argentinas”.

En muchos países del mundo, la sociedad civil organizada logro expulsar a las empresas transnacionales de sus tierras para avanzar hacia una gestión democrática y comunitaria del agua, como en Cochabamba (Bolivia) o se impulsaron normas como en Uruguay donde a través del plebiscito realizado el 31 de octubre del 2004 los ciudadanos votaron por una reforma constitucional que garantizara el acceso al agua y su saneamiento como derechos humanos fundamentales. Esta modificación estableció en el artículo 47 de la Constitución de Uruguay que “el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”.

La privatización del servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Durante la ola privatizadora de los años 90 muchas de las empresas públicas nacionales y provinciales vinculadas a la provisión de agua potable y saneamiento fueron privatizadas. El caso mas emblemático es el caso de la ex empresa Obras Sanitarias de la Nación, que proveía agua y saneamiento para la Capital Federal y el gran Buenos Aires, y que fuera privatizada en 1993 otorgándose la concesión del servicio a la empresa de capitales franceses Aguas Argentinas S.A. durante 30 años.

Durante los años noventa y principios de este nuevo siglo la empresa Aguas Argentinas S.A. no solo no invirtió en obras de infraestructura para la extender la red de agua potable y cloacas y en nuevas plantas de tratamiento de los efluentes sino que dejo un pasivo ambiental enrome con gravísimas consecuencias para el ambiente y la salud de las personas.

A su vez, al mismo tiempo que remitía las ganancias obtenidas por la facturación en dólares cobradas a los usuarios al grupo Suez, la casa matriz de Aguas Argentina en el exterior, en el año 1997 el gobierno argentino modifico los contratos de concesión y extendió los plazos para la realización de las obras a la empresa privada luego de que el presidente Menem viajara dos veces a Francia. Según Américo García “la renegociación contractual, a la luz del decreto N° 149/97 fue absolutamente funcional a las necesidades y problemas que enfrentaba la empresa concesionaria y lejos estuvo de pretender corregir los errores y deficiencias del contrato original”.

Mas adelante veremos los impactos que estas políticas tuvieron para el Área Metropolitana de Buenos Aires al momento de analizar el informe de la Auditoria General de la Nación referido a la Cuenca Matanza Riachuelo. Allí veremos con claridad que uno de lo principales dramas de la zona es la contaminación producida por los vertidos cloacales sin tratamiento y la falta de provisión de agua potable en la mayoría de los hogares de la región.

En la Cuenca Matanza Riachuelo las condiciones sanitarias de la población son paupérrimas si tenemos en cuenta que un 55,9% de los hogares no posee servicios cloacales o sanitarios decentes Estos vertidos no solo afectan las aguas superficiales y sedimentos sino también los suelos y el agua subterránea provocando además el ascenso de la napa freática. Mientras que un 35% de la población no tiene acceso a fuentes de agua potable.

En área metropolitana y en muchas provincias del interior del país la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento pasaron a ser deficitarios para muchas compañías privadas luego de la devaluación del dólar y la pesificación de las tarifas de los servicios públicos. En consecuencia, el Estado volvió a hacerse cargo de la prestación de estos servicios esenciales para la vida de las personas en muchos jurisdicciones.

En este marco, y luego de que los representantes de Aguas Argentinas demandaran al Estado Nacional por el cambio de las condiciones de los contratos ante la CIADI por mas de mil millones de dólares, el gobierno nacional inicio un proceso de renegociación con los empresarios franceses –al mismo tiempo que tanteaba a otros grupos económicos- y ante el fracaso de toda negociación se re - estatizo el servicio.

En el año 2006 el presidente Néstor Kirchner termino abruptamente con el contrato de concesión a Aguas Argentinas y creo la empresa estatal Aguas y Saneamiento Argentinos (AySA), para proveer del servicio de agua y cloacas a 11 millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires y en 17 partidos del conurbano bonaerense. El 90 por ciento de la nueva compañía estará en manos del Estado y el 10 por ciento restante seguirá en poder de los trabajadores por medio del Programa de Propiedad Participada (PPP).

Según lo confirma el Diario La Nación “una de las razones esgrimidas por el Gobierno para rescindir el contrato fue el incumplimiento de Aguas Argentinas del plan de obras comprometido para la expansión y mejoramiento del servicio, además de haber acusado a la empresa de poner en peligro la salud de la población por el nivel de nitratos encontrado en algunas localidades del Gran Buenos Aires”.

Tras esta decisión el Estado pasó a operar nuevamente el servicio público de agua y saneamiento a través de la empresa AySA. Y lo que podría ser a primera vista una decisión acertada nos genera dudas ya que de esta forma se eximió a la empresa Aguas Argentinas de toda responsabilidad por el pasivo ambiental y patrimonial generado durante la ineficiente y bochornosa prestación del servicio público.

Hipótesis de conflictos en la región en torno al agua

Tal como lo ha expresado la periodista Hinde Pomeraniec en el año 2004 “la crisis del agua acecha como un fantasma de muerte al desarrollo económico, el medio ambiente y la seguridad. Su escasez es también una razón posible de conflicto entre sociedades y países desarrollados y en vías de desarrollo".

La periodista Telma Luzanni agrega que frente al contexto de la crisis global del agua existen dos escenarios posibles en torno al conflicto sobre el control de la gestión y el acceso al agua por parte de países desarrollados. Uno es la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento. El otro es la apropiación territorial a través de compras de tierras con recursos naturales Y a futuro, y en la peor de las circunstancias, no se descarta una invasión militar.

Esta hipótesis traza un paralelo con la última guerra en Irak y la actual apropiación de las grandes petroleras estadounidenses de la riqueza iraquí. El escritor Norman Mailer agregó algo más: "La administración de George W. Bush no fue sólo a Irak por su petróleo sino por el Eufrates y el Tigris, dos ríos caudalosos en una de las zonas más áridas del planeta".

En este contexto, quienes tengan los recursos de agua podrían ser blanco de un saqueo forzado a través de la compra de tierras, una invasión militar o la privatización de los recursos. En este marco Latinoamérica surge como uno de los mayores objetos de deseo por sus reservas de agua potable y biodiversidad y por ser considerada la principal reserva de agua del planeta. Cuenta con cuatro de los ríos más caudalosos: Amazonas, Orinoco, Magdalena y Paraná.

El Sistema Acuífero Guaraní es quizás, el reservorio subterráneo transfronterizo más grande de agua dulce del planeta. Según Telma Luzzani "se lo llama también el Gigante del MERCOSUR porque este inmenso reservorio de agua pura se extiende desde el pantanal en el norte de Brasil, ocupa parte de Paraguay y Uruguay y llega hasta la pampa argentina. Incluso hay quienes creen que a enormes profundidades el acuífero está conectado con los lagos patagónicos".

Es una de las mayores reservas de agua subterránea del planeta, calculada hoy en 55 Kilómetros cúbicos. Cada kilómetro cúbico equivale a un billón de litros de agua. La recarga sería de 160 a 200 kilómetros cúbicos cada año, de tal forma que con la explotación de 40 Km3 anuales podrían abastecerse a 300 millones de personas, que recibirían una dotación de 300 litros a diarios.

El Área de Libre Comercio de las Américas (A.L.C.A.) impulsado por los Estados Unidos en 1994 -cuya constitución se vio frustrada gracias a la movilización de diversos sectores políticos y sociales del continente en el año 2005 en la ciudad de Mar del Plata- contenía entre sus premisas fundamentales la liberalización por parte de los Estados de la gestión, explotación y control de los recursos naturales. Ríos, lagos, esteros, bañados, lagunas y acuíferos conformaban el mapa de la nueva riqueza amenazada por los dueños del mundo.

A fines de febrero del año 2004 se filtro a los diarios The Guardian (británico) y The New York Times (norteamericano) un informe presentado por el Pentágono al Gobierno y Parlamento norteamericano en el que se mencionan los efectos devastadores que esta produciendo el cambio climático sobre el planeta y especialmente sobre los recursos hídricos. Y advierte que para el año 2020/30 la humanidad hará frente a intensas y seguidas sequías, hambrunas, y sobre todo, a la escasez de agua potable.

Según Elsa Bruzzone, ante esta situación “se sugiere el despliegue de las fuerzas armadas norteamericanas por el mundo para tomar el control de esos recursos donde quiera que se encuentren. Esta idea no desagrada a la OTAN, aliada y cómplice de EEUU, y también esta presente –entre líneas- en la Constitución Europea, que propone una nueva colonización de America Latina, Asia y África”.

La entrada y salida de tropas militares de los Estados Unidos en la región; la puesta en marcha del Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Acuífero Guaraní, financiado -entre otros organismos e instituciones- por el Banco Mundial y los cuatro países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) con el supuesto objetivo de crear un marco de gestión, preservación y análisis científico del SAG; el proceso de extranjerización de la tierra que ha venido siendo testigo nuestro país; las negociaciones que en su momento se dieron en torno al ALCA, que entre otras cuestiones planteaban la libre disponibilidad de los recursos naturales, dan muestra de la importancia de las reservas de agua de la región y de la intención de los Estados Unidos y las empresas multinacionales de tener bajo control zonas de gran importancia desde el punto de vista estratégico para la provisión de agua, recursos naturales, alimentos y biodiversidad. .

Frente a este escenario, los países de la región y en especial del MERCOSUR, debemos estar atentos y ejercer sin celos la soberanía sobre nuestro territorio y los recursos hídricos, evitando toda intromisión de los intereses foráneos, haciendo valer el la soberanía nacional sobre el territorio reconocida por la carta constitutiva de las Naciones Unidas.

En el caso concreto del MERCOSUR, los gobiernos de los cuatro países deberán asumir la responsabilidad política de avanzar hacia una integración real y ambientalmente sustentable en el manejo de los recursos hídricos y aprovechar de manera sustentable, es decir, evitando la contaminación y su uso irracional, las potencialidades que ofrecen para la provisión de agua potable, la producción de alimentos, el desarrollo económico, la producción de energía, el turismo, la integración y el transporte fluvial.

Avanzar hacia la integración física del MERCOSUR a partir de la interconexión y gestión compartida de las cuencas hídricas superficiales (ríos) y subterráneas (acuíferos) será el camino que inevitablemente deberán asumir los gobiernos, independientemente de las ideologías de sus gobernantes y las coyunturas políticas internas de cada uno de los países, para defender la soberanía sobre sus propios recursos y para legarle a las futuras generaciones la posibilidad de gozar de condiciones dignas para la vida humana.

Además deberán promover y apoyar los intentos de miles de organizaciones políticas y sociales y de millones de personas que pretenden obtener el reconocimiento internacional en las Naciones Unidas del acceso al agua como un derecho humano y no como una mercancía. Y que luchan además para que los recursos naturales estén bajo control social y comunitario y no bajo los designios del mercado.

Tribunal Ambiental del MERCOSUR

Crear un Tribunal para la Resolución de Controversias Ambientales en el Ámbito del MERCOSUR es una imperiosa necesidad ya que permitirá establecer mecanismos permanentes para superar y resolver futuros conflictos que puedan estar originados en el manejo soberano de los bienes de la naturaleza de cada uno de los Estados del bloque regional.

En este sentido es oportuno destacar que el ex Vicepresidente del primer gobierno democrático de 1983, Dr. Víctor Martínez, en la facultad de Derecho de la U.B.A y en el marco de la Conferencia desafíos ambientales en la Argentina del Siglo XXI, manifestó que “el primer desafío que tiene la República Argentina, a mi criterio, es impulsar en el orden internacional, y yo lo sugerí que se incluyera el temario en las cumbres Americanas e Iberoamericanas -durante el primer gobierno democrático- no solamente el tema ambiental sino puntualmente la creación de un tribunal internacional...O sea, que hay que fijar una política nacional. Y dentro de esa política nacional está la afirmación institucional del tribunal de justicia ambiental. Yo creo que hay que aspirar a eso. Mi iniciativa más modesta en Río de Janeiro fue superada después porque tenía la compañía de los juristas italianos y de los juristas internacionales que estuvieron en las asambleas de Roma.

Por su parte, en VII encuentro de las Cortes Supremas del Mercosur realizado en Buenos Aires en septiembre de 2010, los representantes de los máximos tribunales de los países que integran el bloque coincidieron en la necesidad de avanzar en la construcción de un tribunal regional.

El presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, afirmó: “La integración es ya un proceso ineludible. Los conflictos regionales existen y por eso necesariamente tenemos que construir un tribunal regional”. Y aclaro que respecto de la posibilidad de conformar una Corte del Mercosur, “hay que pensar en una construcción progresiva, que debe asentarse en los poderes judiciales nacionales de cada país”.

En este escenario, en donde al menos se avanzo en el planteamiento de la creación de un tribunal regional, creemos que esa construcción progresiva de la que hablo Lorenzetti, bien puede comenzar con la creación de un tribunal ambiental permanente, el cual debería estar integrado por un representante de cada uno de los países, ejerciendo cada uno de ellos la presidencia en forma rotativa durante un periodo de al menos un año.