Entrevista a Ludolfo Paramio (realizad y publicada por Escenarios Alternativos -26/Octubre/2010)En conversaciones entre Buenos Aires y Madrid con este físico dedicado desde hace años al análisis político, se abordó el comportamiento de la clase media afectada por la crisis económica y la persistente falta de representación política. Apatía, falta de identificaciones partidarias y la desestructuración de la sociedad industrial en Latinoamérica, bajo un enfoque novedoso.
EA: Latinoamérica ofrece un panorama según el cual pareciera que la crisis del 2009 no la ha afectado de la misma forma que en la década del ’80, o durante las reformas del ’90. ¿Qué papel juegan los procesos de modernización?
LP: Se ha hecho un lugar común subrayar la herencia positiva de las reformas económicas, sobre todo evidenciadas en las fortalezas desarrolladas durante la última crisis global, demostrando gran capacidad para sostener la creciente demanda de productos primarios en un contexto de equilibrio fiscal. Si bien esto es cierto, en tanto herencia de las reformas económicas, a menudo se soslaya que no es menos importante la situación política por la que ha atravesado la región en estos años, es decir, el sostenimiento y reconocimiento de la democracia como un valor sostenido por todos los países, en un proceso que no sólo no ha retrocedido desde la década de los ’80, sino que se ha consolidado. A pesar de los sobresaltos y de algunas anomalías constitucionales, las sociedades latinoamericanas han elegido las reglas de la democracia para dirimir los conflictos y posibilitar sortear la crisis con razonable éxito y enfrentar los desafíos de la comunidad global.
EA: Sin embargo, esa herencia democrática, a consecuencia de los cambios económicos de los ’80 y ‘90 ha registrado un distanciamiento de los ciudadanos hacia la política y la falta de sensibilidad hacia el debate público.
LP: Como sabemos, la década del ’80, llamada “la década perdida”, lo fue para la economía pero no para la política. Fue la década de la transición a la democracia en la región que cambió sustancialmente la realidad vigente hasta entonces.
El punto de partida de esta situación se ubica en los años ’70 momento en que las economías latinoamericanas se endeudaron fuertemente en un contexto de gran disponibilidad de crédito barato, a consecuencia de la circulación de los “petrodólares”, en los que endeudarse parecía razonable. Debería haber sido una señal de alarma para los gobiernos de entonces el hecho de que el FMI pregonara que esto era correcto, señalando que si había problemas de caja, era lógico acudir al crédito internacional.
A comienzos de lo ’80 el presidente norteamericano Ronald Reagan emprendió una política restrictiva para controlar la inflación en su país, elevando la tasa de interés, multiplicando la deuda de los países de la región y dificultando el acceso a ese crédito barato. Ante esto se ensayaron recetas heterodoxas, aunque el denominador común fue que esas deudas se tornaron impagables. Sólo Brasil pudo honrar sus compromisos a fuerza de exportaciones y de restringir el mercado interno. A fines de los ’80, los economistas y funcionarios consideraban que para solucionar este problema había que aplicar una serie de reformas que apuntalaran la situación fiscal, cuyo desequilibrio era causante de la necesidad de crédito por parte de los Estados.
EA: Las soluciones políticas de la joven democracia de la región no tuvieron peso, tal como el Consenso de Cartagena.
LP: Así es. Prevaleció el Consenso de Washington con sus medidas de reducción del peso del sector público, sindicado como origen del déficit, privatización de los servicios públicos, liberalización del comercio y de la balanza de capitales. Había también recomendaciones de reforma fiscal que tuvieron suerte dispar. Para las primeras medidas, sostiene el economista Dany Rodrick, hubo - por inmediatez e impulso ideológico- mayor aceptación que para las segundas, además de obedecer al interés de los bancos acreedores que estaban por entonces muy expuestos. Como estas medidas se aplicaron en el contexto de una renegociación de la deuda de los países de la región con el mercado global, los bancos acreedores estuvieron en condiciones de imponer condiciones que favorecían a sus clientes, antes que a las economías nacionales, supuestas beneficiarias de las medidas del decálogo de Washington.
Independientemente de los motivos de mayor o menor racionalidad de las medidas, las mismas tuvieron sus efectos en la región. Algunos países incluso las introdujeron como señales de modernidad y de atracción para los inversores. El mejor ejemplo de esto fueron las reformas en Colombia que formaron parte de un paquete de modernización política del país en las que las medidas económicas eran prescindibles, pero que completaban la idea de una nueva etapa. En todos los casos el clima de reformas se convirtió en una norma a mediados de los años ’90.
EA: Los índices de pobreza y la desarticulación del mercado formal de trabajo marcan costos sociales y políticos muy elevados para nuestras sociedades.
LP: Si bien tuvo costos importantes, en líneas generales no tuvo muy malas consecuencias en términos políticos o de opinión pública. Baste recordar que hasta 1998 las primeras encuestas de Latinobarómetro mostraban cierta euforia de los ciudadanos latinoamericanos por las reformas económicas, las privatizaciones, el mercado y la maximización de utilidades. Esa tendencia se quebró a partir de 1999 como consecuencia de la crisis asiática. A fines de esa década comenzaron a manifestarse ciertas promesas incumplidas de las reformas económicas, sobre todo la promesa de salir del círculo de crecimiento y crisis que hasta ese momento había marcado la historia de la región, dando paso a una senda de crecimiento sostenido a partir de solucionar los problemas internos asociados al desequilibrio fiscal. El choque originado por efecto de la crisis externa tiró por la borda este supuesto y mostró la vulnerabilidad en la que habían quedado expuestas las economías en las que se había aplicado el recetario del Consenso. Especialmente fuerte fue el choque externo en México en 1994 y en la Argentina con una caída del empleo que prefiguró los problemas que vendrían, con su repercusión en el sistema político.
Lo que ha sobrevivido en forma admirable es el apoyo a la democracia pese a la ola de escepticismo respecto de las promesas incumplidas de las reformas de mercado, con ciertas limitaciones en algunas tradiciones nacionales.
EA: ¿Cuáles fueron los efectos de las reformas y sus promesas incumplidas sobre la política?
LP: Tanto la crisis de los ’80 como las reformas económicas de los ’90 supusieron una alteración sustancial del tejido productivo, cuyo indicador más llamativo es el paso del 9% de la PEA de la región a la informalidad laboral. Lo primero que surge es que esa porción de la población, a pesar de que pueda mantener un nivel de ingreso y del mantenimiento de sus capacidades, tiene en riesgo sus derechos de ciudadanía. Del mismo modo que Cuba acaba de anunciar el despido de una importante cantidad de empleados públicos, suponiendo que la actividad privada compensará los puestos de trabajo eliminados en el Estado, los “destrozos” de las reformas en términos de empleo serían compensados por el dinamismo del mercado.
Sin embargo, el problema no es sólo el causado por la desarticulación de la seguridad social sino la destrucción del tejido social urdido al calor del trabajo formal. De este modo la identidad social e inserción en la vida pública depende del entorno social y una persona que pierde el contexto de amigos y compañeros de trabajo se encuentra desubicado en el conjunto social. Puede encontrar, incluso, un nicho de trabajo que le permita mantener un ingreso, pero pierde todo el contexto anterior, adquiriendo una identidad social más lábil, volátil y menos marcada por el colectivo del que procedía, incluyendo la familia y el entorno laboral.
Con la destrucción de amplios sectores del trabajo asalariado se verifica una polarización de las clases medias, más visible en aquellos países de clases medias numerosas. Parte de ella sufrió la reducción del sector público, o de los salarios del mismo y otra logró una mayor o menor vinculación dentro de la nueva economía globalizada o con los sectores más competitivos de las economías nacionales, mejor insertos en la economía global.
Estas clases medias se pueden dividir en “ganadores” y “perdedores”, con un gran número de perdedores que no pueden mantener el poder adquisitivo anterior, o si lo mantienen, pierden la expectativa de transmitir a sus hijos esa pertenencia a la clase media.
EA: ¿Qué repercusión tiene esta caracterización de la clase media sobre el sistema político?
LP: Se verifican dos fenómenos asociados a esta división y su relación con la erosión y devaluación de la calidad de la democracia. El primero es que los partidos tradicionales - los anteriores a la crisis y a la reforma- debieron desplegar estrategias nuevas, a riesgo de convertirse perdedores si se sumaban a las estrategias propias del modo de producción anterior. Los países que no se adaptaron al nuevo clima de economías competitivas, abiertas y de inserción en el mercado global, los partidos que se limitaron a la resistencia y al proteccionismo como motor del crecimiento, tendieron a perder o a dejar de ser opciones mayoritarias. En cambio, los partidos que sí cambiaron de estrategia política y sus planteos de gobierno para adaptarse a esa nueva situación, desorientaron a sus seguidores, en la medida de que estos dejaron de poder prever la acción de gobierno de esos partidos, al menos, a la luz de sus acciones históricas o anteriores.
Por ejemplo, el caso de Carlos Andrés Pérez, que en un primer gobierno engrosó el gasto para fomentar el consumo interno y en el segundo aplicó un severo plan de ajuste, culminó con una crisis de magnitud como lo fue el “caracazo”. Ese comportamiento descolocó y afectó la percepción de los electores acerca de cuál sería la conducta esperable por parte del partido de Acción Democrática o del propio Pérez. Las estrategias divergentes generaron esta falta de previsión, la que se trasladó a los demás partidos.
EA: Pareciera ser que la fragmentación de identidades de la clase media conduce a un desconcierto del elector…
LP: Hay un célebre experimento conductista con ratas, de los años ’40, en el que se coloca a estos animales en una jaula en donde hay comida. Para acceder a ella había que mover una palanca, de dos posibles; una era para alimentarse y la otra producía una descarga eléctrica. Ambas etiquetadas. Los roedores aprenden a “leer” y se manejan bien hasta que se les cambia el rótulo a las palancas y se produce un estado de confusión en el que las ratas prefieren no elegir y abstenerse de comer. Parece que a los humanos nos sucede lo mismo si se nos obliga a elegir entre opciones cuya consecuencia no podemos predecir y tendemos a la inacción.
Más allá de este ejemplo algo cínico, podemos afirmar que casi nadie toma decisiones de voto con la información completa sobre las acciones partidarias. El elector racional de la literatura no existe. Como no existe el hombre de la racionalidad económica. Cuando decidimos lo hacemos en función de la información disponible, de la tradición electoral de la que formamos parte o de alguna ideología. Luego, el comportamiento apuntado de los partidos lesiona la visión ideológica y la identidad partidaria. Por lo tanto, el elector debe decidir por aquello que supone es lo que más le conviene. Sin embargo, en la medida en que la conducta de los gobernantes o los partidos de gobierno deja de ser previsible, ese esquema ideológico deja de funcionar y se pasa del sentimiento de enajenación del sistema político a una verdadera agresividad hacia él. Entonces, las decisiones de voto son producto del contexto social en el que se mueve cada elector y las lealtades partidarias se tejen en relaciones privadas más próximas en las que, por ejemplo, pasa a ser referencia el voto o la intención de voto de las personas próximas, y por supuesto el contexto laboral. En un panorama en donde el mundo laboral es “dinamitado”, las identidades son más efímeras y nos convertimos en “electores instantáneos”, del mismo modo en que un consumidor se enfrenta a una góndola de supermercado con una oferta abrumadora y con poca información para elegir.
Si existen problemas para manejar la información porque la trayectoria previa de los partidos ya no es previsible; si el contexto social en el que podríamos discutir nuestras preferencias en forma deliberativa ha desaparecido o se ha modificado en forma radical, es más difícil mantener algún tipo de pauta estable. Entonces, de la escisión de la clase media antes mencionada podemos ver que los “ganadores” se ven alcanzados por una fragmentación de posiciones sociales que significan una multiplicación de grupos de referencia.
EA: ¿Cuál es el lugar que ocupa lo público frente a estas fracciones?
LP: Creo que hasta el funcionario público que mantiene su poder adquisitivo descree de lo público, no en la retórica, sino porque cree que la política democrática se ha alejado de lo público, que a nadie le importa la calidad de la educación o de la salud pública. La fracción de lo “perdedores” se comparan con los “ganadores” y aumentan los motivos de malestar, crecen los grupos de referencia frente a los que el individuo siente que pierde y, al mismo tiempo, quien siente que gana desarrolla la idea de que debe ese logro a sus propios esfuerzos, a pesar o más allá de la acción pública.
Una de las fuentes de legitimación del debate sobre lo público que es la relación entre valores democráticos y participación pública, que tradicionalmente asociamos con las clases medias, también se diluye en la escisión entre perdedores y ganadores.
Estos problemas son la secuencia negativa de los cambios económicos –no sólo de las reformas sino del impacto global de los últimos 20 años- tiene su impacto en el empobrecimiento del debate público y en la deliberación acerca del modelo de sociedad actual y futura.
EA: Los medios de comunicación tampoco ayudan a instalar las cuestiones públicas, acompañando el desinterés de sus consumidores…
LP: Los medios masivos de comunicación tienden a la trivialización y al entretenimiento en vez de convertirse en ámbito de la deliberación política acerca del modelo de sociedad y la visión política que se quiere. Esta situación no ayuda a los partidos políticos que, inmersos en esa lógica discursiva/temática planteada por los medios, pierden visibilidad como herramientas de transformación y ganan en desconfianza por parte de la ciudadanía.
EA: es un panorama bastante sombrío para la región.
LP: Este panorama, o esta visión, que he presentado sobre las transformaciones de la sociedad latinoamericana, en realidad tiene como origen transformaciones que también han afectado a la socialdemocracia europea, como señalaba Tony Judt. Hoy es muy difícil discutir sobre impuestos y bienes públicos. En buena medida los electores han pasado a ser consumidores preocupados sólo en cuanto les costara su decisión en términos de impuestos, o si con ella podrán acceder a la educación o a la seguridad privada, o hacerse de un lugar en barrios cerrados.
Este empobrecimiento del debate político es una de las causas de que hoy, frente a una crisis que muestra las consecuencias negativas del planteo neoclásico de la economía y la política global que ha regido en los últimos 30 años, no se plantee aún, de forma mayoritaria y en serio, la posibilidad de hacer política en una forma distinta, y sobre todo de avanzar más rápidamente en cambios institucionales para reconducir los mercados financieros al servicio del interés común, y no simplemente del máximo beneficio de algunos actores.
LP: Se ha hecho un lugar común subrayar la herencia positiva de las reformas económicas, sobre todo evidenciadas en las fortalezas desarrolladas durante la última crisis global, demostrando gran capacidad para sostener la creciente demanda de productos primarios en un contexto de equilibrio fiscal. Si bien esto es cierto, en tanto herencia de las reformas económicas, a menudo se soslaya que no es menos importante la situación política por la que ha atravesado la región en estos años, es decir, el sostenimiento y reconocimiento de la democracia como un valor sostenido por todos los países, en un proceso que no sólo no ha retrocedido desde la década de los ’80, sino que se ha consolidado. A pesar de los sobresaltos y de algunas anomalías constitucionales, las sociedades latinoamericanas han elegido las reglas de la democracia para dirimir los conflictos y posibilitar sortear la crisis con razonable éxito y enfrentar los desafíos de la comunidad global.
EA: Sin embargo, esa herencia democrática, a consecuencia de los cambios económicos de los ’80 y ‘90 ha registrado un distanciamiento de los ciudadanos hacia la política y la falta de sensibilidad hacia el debate público.
LP: Como sabemos, la década del ’80, llamada “la década perdida”, lo fue para la economía pero no para la política. Fue la década de la transición a la democracia en la región que cambió sustancialmente la realidad vigente hasta entonces.
El punto de partida de esta situación se ubica en los años ’70 momento en que las economías latinoamericanas se endeudaron fuertemente en un contexto de gran disponibilidad de crédito barato, a consecuencia de la circulación de los “petrodólares”, en los que endeudarse parecía razonable. Debería haber sido una señal de alarma para los gobiernos de entonces el hecho de que el FMI pregonara que esto era correcto, señalando que si había problemas de caja, era lógico acudir al crédito internacional.
A comienzos de lo ’80 el presidente norteamericano Ronald Reagan emprendió una política restrictiva para controlar la inflación en su país, elevando la tasa de interés, multiplicando la deuda de los países de la región y dificultando el acceso a ese crédito barato. Ante esto se ensayaron recetas heterodoxas, aunque el denominador común fue que esas deudas se tornaron impagables. Sólo Brasil pudo honrar sus compromisos a fuerza de exportaciones y de restringir el mercado interno. A fines de los ’80, los economistas y funcionarios consideraban que para solucionar este problema había que aplicar una serie de reformas que apuntalaran la situación fiscal, cuyo desequilibrio era causante de la necesidad de crédito por parte de los Estados.
EA: Las soluciones políticas de la joven democracia de la región no tuvieron peso, tal como el Consenso de Cartagena.
LP: Así es. Prevaleció el Consenso de Washington con sus medidas de reducción del peso del sector público, sindicado como origen del déficit, privatización de los servicios públicos, liberalización del comercio y de la balanza de capitales. Había también recomendaciones de reforma fiscal que tuvieron suerte dispar. Para las primeras medidas, sostiene el economista Dany Rodrick, hubo - por inmediatez e impulso ideológico- mayor aceptación que para las segundas, además de obedecer al interés de los bancos acreedores que estaban por entonces muy expuestos. Como estas medidas se aplicaron en el contexto de una renegociación de la deuda de los países de la región con el mercado global, los bancos acreedores estuvieron en condiciones de imponer condiciones que favorecían a sus clientes, antes que a las economías nacionales, supuestas beneficiarias de las medidas del decálogo de Washington.
Independientemente de los motivos de mayor o menor racionalidad de las medidas, las mismas tuvieron sus efectos en la región. Algunos países incluso las introdujeron como señales de modernidad y de atracción para los inversores. El mejor ejemplo de esto fueron las reformas en Colombia que formaron parte de un paquete de modernización política del país en las que las medidas económicas eran prescindibles, pero que completaban la idea de una nueva etapa. En todos los casos el clima de reformas se convirtió en una norma a mediados de los años ’90.
EA: Los índices de pobreza y la desarticulación del mercado formal de trabajo marcan costos sociales y políticos muy elevados para nuestras sociedades.
LP: Si bien tuvo costos importantes, en líneas generales no tuvo muy malas consecuencias en términos políticos o de opinión pública. Baste recordar que hasta 1998 las primeras encuestas de Latinobarómetro mostraban cierta euforia de los ciudadanos latinoamericanos por las reformas económicas, las privatizaciones, el mercado y la maximización de utilidades. Esa tendencia se quebró a partir de 1999 como consecuencia de la crisis asiática. A fines de esa década comenzaron a manifestarse ciertas promesas incumplidas de las reformas económicas, sobre todo la promesa de salir del círculo de crecimiento y crisis que hasta ese momento había marcado la historia de la región, dando paso a una senda de crecimiento sostenido a partir de solucionar los problemas internos asociados al desequilibrio fiscal. El choque originado por efecto de la crisis externa tiró por la borda este supuesto y mostró la vulnerabilidad en la que habían quedado expuestas las economías en las que se había aplicado el recetario del Consenso. Especialmente fuerte fue el choque externo en México en 1994 y en la Argentina con una caída del empleo que prefiguró los problemas que vendrían, con su repercusión en el sistema político.
Lo que ha sobrevivido en forma admirable es el apoyo a la democracia pese a la ola de escepticismo respecto de las promesas incumplidas de las reformas de mercado, con ciertas limitaciones en algunas tradiciones nacionales.
EA: ¿Cuáles fueron los efectos de las reformas y sus promesas incumplidas sobre la política?
LP: Tanto la crisis de los ’80 como las reformas económicas de los ’90 supusieron una alteración sustancial del tejido productivo, cuyo indicador más llamativo es el paso del 9% de la PEA de la región a la informalidad laboral. Lo primero que surge es que esa porción de la población, a pesar de que pueda mantener un nivel de ingreso y del mantenimiento de sus capacidades, tiene en riesgo sus derechos de ciudadanía. Del mismo modo que Cuba acaba de anunciar el despido de una importante cantidad de empleados públicos, suponiendo que la actividad privada compensará los puestos de trabajo eliminados en el Estado, los “destrozos” de las reformas en términos de empleo serían compensados por el dinamismo del mercado.
Sin embargo, el problema no es sólo el causado por la desarticulación de la seguridad social sino la destrucción del tejido social urdido al calor del trabajo formal. De este modo la identidad social e inserción en la vida pública depende del entorno social y una persona que pierde el contexto de amigos y compañeros de trabajo se encuentra desubicado en el conjunto social. Puede encontrar, incluso, un nicho de trabajo que le permita mantener un ingreso, pero pierde todo el contexto anterior, adquiriendo una identidad social más lábil, volátil y menos marcada por el colectivo del que procedía, incluyendo la familia y el entorno laboral.
Con la destrucción de amplios sectores del trabajo asalariado se verifica una polarización de las clases medias, más visible en aquellos países de clases medias numerosas. Parte de ella sufrió la reducción del sector público, o de los salarios del mismo y otra logró una mayor o menor vinculación dentro de la nueva economía globalizada o con los sectores más competitivos de las economías nacionales, mejor insertos en la economía global.
Estas clases medias se pueden dividir en “ganadores” y “perdedores”, con un gran número de perdedores que no pueden mantener el poder adquisitivo anterior, o si lo mantienen, pierden la expectativa de transmitir a sus hijos esa pertenencia a la clase media.
EA: ¿Qué repercusión tiene esta caracterización de la clase media sobre el sistema político?
LP: Se verifican dos fenómenos asociados a esta división y su relación con la erosión y devaluación de la calidad de la democracia. El primero es que los partidos tradicionales - los anteriores a la crisis y a la reforma- debieron desplegar estrategias nuevas, a riesgo de convertirse perdedores si se sumaban a las estrategias propias del modo de producción anterior. Los países que no se adaptaron al nuevo clima de economías competitivas, abiertas y de inserción en el mercado global, los partidos que se limitaron a la resistencia y al proteccionismo como motor del crecimiento, tendieron a perder o a dejar de ser opciones mayoritarias. En cambio, los partidos que sí cambiaron de estrategia política y sus planteos de gobierno para adaptarse a esa nueva situación, desorientaron a sus seguidores, en la medida de que estos dejaron de poder prever la acción de gobierno de esos partidos, al menos, a la luz de sus acciones históricas o anteriores.
Por ejemplo, el caso de Carlos Andrés Pérez, que en un primer gobierno engrosó el gasto para fomentar el consumo interno y en el segundo aplicó un severo plan de ajuste, culminó con una crisis de magnitud como lo fue el “caracazo”. Ese comportamiento descolocó y afectó la percepción de los electores acerca de cuál sería la conducta esperable por parte del partido de Acción Democrática o del propio Pérez. Las estrategias divergentes generaron esta falta de previsión, la que se trasladó a los demás partidos.
EA: Pareciera ser que la fragmentación de identidades de la clase media conduce a un desconcierto del elector…
LP: Hay un célebre experimento conductista con ratas, de los años ’40, en el que se coloca a estos animales en una jaula en donde hay comida. Para acceder a ella había que mover una palanca, de dos posibles; una era para alimentarse y la otra producía una descarga eléctrica. Ambas etiquetadas. Los roedores aprenden a “leer” y se manejan bien hasta que se les cambia el rótulo a las palancas y se produce un estado de confusión en el que las ratas prefieren no elegir y abstenerse de comer. Parece que a los humanos nos sucede lo mismo si se nos obliga a elegir entre opciones cuya consecuencia no podemos predecir y tendemos a la inacción.
Más allá de este ejemplo algo cínico, podemos afirmar que casi nadie toma decisiones de voto con la información completa sobre las acciones partidarias. El elector racional de la literatura no existe. Como no existe el hombre de la racionalidad económica. Cuando decidimos lo hacemos en función de la información disponible, de la tradición electoral de la que formamos parte o de alguna ideología. Luego, el comportamiento apuntado de los partidos lesiona la visión ideológica y la identidad partidaria. Por lo tanto, el elector debe decidir por aquello que supone es lo que más le conviene. Sin embargo, en la medida en que la conducta de los gobernantes o los partidos de gobierno deja de ser previsible, ese esquema ideológico deja de funcionar y se pasa del sentimiento de enajenación del sistema político a una verdadera agresividad hacia él. Entonces, las decisiones de voto son producto del contexto social en el que se mueve cada elector y las lealtades partidarias se tejen en relaciones privadas más próximas en las que, por ejemplo, pasa a ser referencia el voto o la intención de voto de las personas próximas, y por supuesto el contexto laboral. En un panorama en donde el mundo laboral es “dinamitado”, las identidades son más efímeras y nos convertimos en “electores instantáneos”, del mismo modo en que un consumidor se enfrenta a una góndola de supermercado con una oferta abrumadora y con poca información para elegir.
Si existen problemas para manejar la información porque la trayectoria previa de los partidos ya no es previsible; si el contexto social en el que podríamos discutir nuestras preferencias en forma deliberativa ha desaparecido o se ha modificado en forma radical, es más difícil mantener algún tipo de pauta estable. Entonces, de la escisión de la clase media antes mencionada podemos ver que los “ganadores” se ven alcanzados por una fragmentación de posiciones sociales que significan una multiplicación de grupos de referencia.
EA: ¿Cuál es el lugar que ocupa lo público frente a estas fracciones?
LP: Creo que hasta el funcionario público que mantiene su poder adquisitivo descree de lo público, no en la retórica, sino porque cree que la política democrática se ha alejado de lo público, que a nadie le importa la calidad de la educación o de la salud pública. La fracción de lo “perdedores” se comparan con los “ganadores” y aumentan los motivos de malestar, crecen los grupos de referencia frente a los que el individuo siente que pierde y, al mismo tiempo, quien siente que gana desarrolla la idea de que debe ese logro a sus propios esfuerzos, a pesar o más allá de la acción pública.
Una de las fuentes de legitimación del debate sobre lo público que es la relación entre valores democráticos y participación pública, que tradicionalmente asociamos con las clases medias, también se diluye en la escisión entre perdedores y ganadores.
Estos problemas son la secuencia negativa de los cambios económicos –no sólo de las reformas sino del impacto global de los últimos 20 años- tiene su impacto en el empobrecimiento del debate público y en la deliberación acerca del modelo de sociedad actual y futura.
EA: Los medios de comunicación tampoco ayudan a instalar las cuestiones públicas, acompañando el desinterés de sus consumidores…
LP: Los medios masivos de comunicación tienden a la trivialización y al entretenimiento en vez de convertirse en ámbito de la deliberación política acerca del modelo de sociedad y la visión política que se quiere. Esta situación no ayuda a los partidos políticos que, inmersos en esa lógica discursiva/temática planteada por los medios, pierden visibilidad como herramientas de transformación y ganan en desconfianza por parte de la ciudadanía.
EA: es un panorama bastante sombrío para la región.
LP: Este panorama, o esta visión, que he presentado sobre las transformaciones de la sociedad latinoamericana, en realidad tiene como origen transformaciones que también han afectado a la socialdemocracia europea, como señalaba Tony Judt. Hoy es muy difícil discutir sobre impuestos y bienes públicos. En buena medida los electores han pasado a ser consumidores preocupados sólo en cuanto les costara su decisión en términos de impuestos, o si con ella podrán acceder a la educación o a la seguridad privada, o hacerse de un lugar en barrios cerrados.
Este empobrecimiento del debate político es una de las causas de que hoy, frente a una crisis que muestra las consecuencias negativas del planteo neoclásico de la economía y la política global que ha regido en los últimos 30 años, no se plantee aún, de forma mayoritaria y en serio, la posibilidad de hacer política en una forma distinta, y sobre todo de avanzar más rápidamente en cambios institucionales para reconducir los mercados financieros al servicio del interés común, y no simplemente del máximo beneficio de algunos actores.
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